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Durante al menos tres décadas, el Estado mexicano autorizó, toleró o dejó operar proyectos extractivos que provocaron daños ambientales graves e irreversibles
Ana E. Rosete
En México, algunos de los peores desastres ambientales no ocurrieron al margen de la ley, sino con aval del Estado. Concesiones, autorizaciones de impacto ambiental, cambios de uso de suelo y omisiones regulatorias permitieron que proyectos extractivos devastaran territorios completos durante décadas. Aunque los daños fueron documentados por autoridades ambientales, organismos de derechos humanos y comunidades afectadas, las consecuencias penales nunca llegaron.
Esta nota se basa en resoluciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), auditorías y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), expedientes judiciales y documentación periodística. Toda bajo los gobiernos del PRI y el PAN.
El caso más emblemático es el del Río Sonora, donde en agosto de 2014 se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado provenientes de una mina de Grupo México. El desastre contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, afectó a más de 20 mil personas y dejó secuelas en la salud y la agricultura. Aunque la autoridad ambiental impuso sanciones administrativas y se creó un fideicomiso controlado por la propia empresa, no hubo sanciones penales ni reparación integral del daño. El peor desastre minero del país ocurrió bajo supervisión estatal deficiente.
Otro ejemplo es Minera San Xavier, en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, donde la explotación de oro a cielo abierto avanzó pese a resoluciones judiciales en contra y a la revocación inicial de permisos ambientales. Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, las autorizaciones fueron reotorgadas y el proyecto continuó hasta destruir un cerro histórico y contaminar su entorno. El Estado perdió juicios, pero la mina nunca dejó de operar.
En Quintana Roo, la empresa Calica (Vulcan Materials) extrajo piedra caliza durante décadas en la Riviera Maya con concesiones federales renovadas sexenio tras sexenio, desde Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto. La actividad provocó devastación de selva, afectaciones a cenotes y acuíferos, y pérdida de biodiversidad. Pese a los señalamientos técnicos, el ecocidio fue legal durante años.
El proyecto Los Cardones, en Baja California Sur, obtuvo autorización ambiental durante el sexenio de Enrique Peña Nieto para explotar oro a cielo abierto en una de las regiones con mayor biodiversidad del país. Solo la presión social logró frenar el proyecto, pero el hecho central permanece: el Estado lo autorizó aun con advertencias sobre el riesgo a los acuíferos.
En Zacatecas, la mina Peñasquito, operada por Goldcorp (hoy Newmont), se consolidó como uno de los complejos mineros más grandes de América Latina gracias a concesiones extensivas y permisos de uso intensivo de agua otorgados durante los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. Comunidades denunciaron durante años sobreexplotación de acuíferos, afectaciones a la salud y conflictos agrarios. Las autoridades documentaron el daño, pero no sancionaron penalmente a la empresa ni a funcionarios.
También bajo gobiernos anteriores a 2018, el Estado impulsó políticas favorables al fracking en el norte del país. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se otorgaron permisos de exploración y se diseñaron marcos regulatorios laxos para la fractura hidráulica, pese a los riesgos comprobados para los acuíferos y el uso intensivo de agua en regiones ya afectadas por sequía. El daño potencial fue autorizado por política pública.
Finalmente, los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, promovidos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, avanzaron sin consultas indígenas efectivas. Aunque se trató de proyectos de energía “limpia”, la CNDH documentó violaciones a derechos colectivos, fragmentación territorial y conflictos sociales. La transición energética se construyó con omisiones del Estado.
En todos estos casos, el patrón es el mismo: permisos otorgados, advertencias ignoradas, daño ambiental comprobado y ausencia de castigo penal. Las sanciones, cuando existieron, fueron administrativas. Las empresas continuaron operando o cerraron sin reparar plenamente el daño. Los funcionarios que autorizaron los proyectos no enfrentaron consecuencias judiciales.
El ecocidio no fue clandestino. Fue legal, autorizado y tolerado. Y como en otros ámbitos, el Estado se convirtió en juez y parte de una devastación cuyos costos siguen pagando comunidades enteras.
