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- Rechazan operación encubierta con alcohol y grabaciones
- Socava esta acción de Ricardo la equidad procesal
- Opina Sheinbaum sobre escándalo internacional del empresario
Juan R. Hernández
Ciudad de México.- Un intento por evitar un juicio largo en Londres terminó por complicar aún más la situación legal del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. De acuerdo con un fallo del juez Stephen Houseman, el equipo del presidente de Grupo Salinas contrató a la firma de inteligencia Black Cube para obtener información confidencial del abogado de la contraparte, en un caso por presunto fraude en préstamos de acciones.
La operación incluyó una cena con alcohol, grabaciones encubiertas y el uso de identidades falsas. El objetivo: conseguir pruebas que permitieran un juicio sumario contra Astor Asset Management. Aunque el juez reconoció que las acusaciones de Salinas eran “sólidas”, desestimó su solicitud por considerar que las pruebas fueron obtenidas de forma “poco ética” y que “ofenden a la justicia”.
“El tribunal no puede consentir este tipo de comportamiento. Es un intento de socavar la igualdad de condiciones entre las partes”, sentenció Houseman. El caso involucra acciones de Elektra y Banco Azteca que, según Salinas, quedaron en manos de un estafador en serie. Sin embargo, el uso de tácticas de espionaje contra un abogado protegido por la confidencialidad profesional cruzó un límite inadmisible, según el fallo.
Black Cube, conocida por su historial de operaciones encubiertas —incluyendo su participación en el caso Weinstein—, defendió la legalidad de sus métodos, pero el juez subrayó que el problema no era legal, sino ético. “Los demandantes son legalmente responsables y cómplices de esta conducta”, concluyó.
Consultada sobre el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que existen señalamientos contra Salinas Pliego en Reino Unido y Estados Unidos, pero aclaró que “no involucran al Estado mexicano ni tienen efectos legales en el país”.
Añadió que los litigios son de carácter internacional y que las autoridades mexicanas no participan en las investigaciones. “Son hechos que ocurrieron fuera”, dijo, subrayando que el Estado de derecho en México no está comprometido por estos procesos.
