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Aunque el alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, presume una reserva histórica de 2 mil 500 millones de pesos, cifras oficiales revelan montos contrarios
Mario López
GRUPO CANTÓN
El gobierno de Isaac Montoya Márquez, en el municipio de Naucalpan, dio a conocer que la administración logró un “ahorro histórico” de dos mil 500 millones de pesos mediante gestiones jurídicas y financieras, destacando la reducción de pasivos y la obtención de resoluciones favorables en juicios laborales, administrativos y fiscales.
Sin embargo, diversas fuentes oficiales y reportes periodísticos presentan cifras distintas sobre la situación real de la deuda pública.
Cifras disponibles en la Cuenta Pública estatal y medios especializados en finanzas públicas estiman que la deuda total de Naucalpan supera los tres mil 500 millones de pesos, equivalente a casi un año completo de presupuesto, lo que contrasta con el supuesto saneamiento financiero.
Incluso, informes del cierre fiscal 2024 señalan adeudos con el SAT, el Gobierno del Estado de México y el ISSEMYM por más de mil 194 millones de pesos que no estaban debidamente registrados, además de pasivos en organismos descentralizados como el OAPAS.
Especialistas advierten que el monto reportado como “ahorro” podría corresponder a litigios aún no resueltos o descuentos en convenios laborales, y no a recursos efectivamente ingresados o liquidados. A la fecha, no existe un desglose público que detalle los 14 juicios que, según el alcalde, representaron más de mil 300 millones en ahorro.
Aun con estas acciones, la información oficial estatal muestra que Naucalpan continúa con pasivos considerables y riesgos financieros importantes. Sin mayor claridad contable ni auditorías concluidas, el “ahorro histórico” sigue siendo, para muchos analistas, “más un logro discursivo que financiero”.
Aparte, especialistas en administración municipal señalan que, aunque los convenios y la gestión jurídica pueden generar beneficios, el impacto real en la estabilidad financiera del municipio depende de un “seguimiento constante y transparente de los pasivos, así como de la correcta contabilización de los recursos públicos y los compromisos heredados”.
