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Habitantes de la colonia Fimesa liberaron la caseta de Tepotzotlán para revelar el presunto saqueo de sus tierras y la omisión de la Fiscalía mexiquense
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Entre gritos de inconformidad y pancartas de protesta, vecinos de la colonia El Paraje Fimesa, perteneciente al municipio de Tultitlán, tomaron la caseta de cobro de Tepotzotlán, liberando el paso vehicular en ambos sentidos durante varias horas.
El acto fue una medida de presión ante lo que consideran un prolongado abandono institucional frente al despojo de terrenos y presuntos actos de corrupción cometidos por autoridades locales.
Desde temprano, los manifestantes se apostaron en la plaza de cobro, portando lonas y carteles con exigencias de justicia.
De acuerdo con los colonos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, mantiene paralizadas 93 carpetas de investigación, pese a que se presentaron pruebas que aseguran demuestran el despojo ilegal de predios y la falsificación de documentos.
“Solo cuando hacemos ruido mandan a hablar con nosotros, y después todo se congela. No buscan justicia, solo apagar las críticas”, denunció Javier Ortega, representante vecinal.
Los vecinos también acusan que las irregularidades comenzaron durante la administración de la exalcaldesa Elena García, quien afirman promovió cambios ilegales en la nomenclatura de la colonia para favorecer intereses privados.
La tensión creció luego de que, la madrugada previa a la protesta, un fuerte operativo con policías antimotines se desplegara en la zona.
Los habitantes lo interpretaron como un intento de intimidación, ya que, al mismo tiempo, se observó maquinaria pesada ingresando a un terreno en disputa, donde se proyecta construir una preparatoria pública.
“Dicen que traerán progreso, pero lo hacen sobre nuestras tierras y sin consultarnos. Todo es una simulación”, expresó doña Elvira Morales, una de las afectadas.
El bloqueo concluyó tras varias horas, cuando una comisión de vecinos fue recibida por personal estatal, aunque sin acuerdos concretos.
La comunidad advirtió que mantendrá la presión social hasta que las carpetas sean judicializadas y se castigue a los responsables. “No queremos promesas de escritorio ni fotos de funcionarios fingiendo interés; queremos justicia real”, sentenció Ortega.
