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Mediante una estrategia de desinformación, la gigante refresquera pretende evadir el cobro de gravámenes planteado por el Ejecutivo federal
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La empresa Coca-Cola, junto con la Asociación Mexicana de Bebidas —que agrupa también a Pepsi y Grupo Peñafiel— y la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), ha desplegado una ofensiva de cabildeo y desinformación para frenar el impuesto a refrescos y bebidas azucaradas que el Gobierno de Claudia Sheinbaum pretende aplicar en 2026. Estas agrupaciones han difundido argumentos sin respaldo científico para desacreditar la propuesta que busca elevar el gravamen de uno a tres pesos por litro, medida que forma parte del paquete de la Ley de Ingresos en discusión en el Congreso.
Durante un foro celebrado el 8 de octubre en la Cámara de Diputados, Patricio Caso, Director de Asuntos Públicos de Coca-Cola y exfuncionario de la Cofepris durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, criticó que el impuesto también incluya a bebidas endulzadas con edulcorantes no calóricos, alegando que afectará la economía de los consumidores. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud advirtió en 2023 que dichos edulcorantes no deben considerarse una alternativa saludable, pues su uso prolongado podría elevar el riesgo de diabetes tipo II, enfermedades cardiovasculares y mortalidad.
Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, señaló que la compañía busca desviar la atención del problema de salud pública:
“Algo que sorprende mucho, y que no hemos visto ni a nivel nacional ni a nivel internacional, es que un funcionario de Coca-Cola públicamente ataque la regulación y haga ataques directos, personales. Que un funcionario de Coca-Cola vaya al Congreso y tome este tipo de actitudes es algo que nunca habíamos visto. Coca-Cola se opone a estas políticas y lo hace a través de las asociaciones como la Asociación Mexicana de Bebidas y a través de muchos otros medios como las agencias de relaciones públicas que tienen contacto con articulistas, pero nunca antes habíamos visto esta actitud”.
Además, a inicios de octubre se reportó que repartidores de la refresquera distribuyeron en tiendas de abarrotes de Puebla una carta de la ANPEC para pedir a los comerciantes protestar contra el impuesto cerrando sus negocios por unos minutos. La organización ha insistido en que la medida generará desempleo, aunque estudios publicados en 2017 en la revista científica PubMed demostraron que el impuesto aplicado en México desde 2014 no tuvo efectos negativos en el empleo, como tampoco ocurrió en Chile o Estados Unidos.
La ANPEC sostiene, con base en una encuesta no publicada, que el gravamen de 2014 provocó el cierre de 30 mil tienditas, aunque omite mencionar el crecimiento de cadenas como Oxxo —propiedad de FEMSA, también vinculada a Coca-Cola— que han desplazado a los comercios locales.
