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El gobierno de Puebla por 19 mdp encargó varios servicios a Cosmocolor del exlegislador del PVEM, Jorge Kahwagi, señalada de entregar resultados de baja calidad e incumplir contratos.
Por Omar Montalvo
Grupo Cantón
Ciudad de México. – Desde los primeros meses en su cargo como gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, mantiene un discurso de impulsar el transporte sin corrupción, pero a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), su administración realizó varios contratos con la empresa Cosmocolor, que pertenece al exdiputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge Kawaghi, y que en investigaciones se han determinado incumplimientos de contrato, además de la baja calidad de sus servicios.
En el primer trimestre de 2025 la SMT a cargo de Silva Tanús, otorgó por contratos por adjudicación directa a Cosmocolor S.A. de C.V., es decir, sin que existiera otra proveedora contemplada en el proceso. En el documento SMT-DA-007/2024, el gobierno de Puebla solicitó para este año el “Servicio Integral de Emisión de Licencias de Conducir” por un monto total de hasta 18 millones de pesos que se empezaron a pagar desde el 1 de enero, según indica información consultada vía transparencia.
Los mismos reportes señalan un segundo contrato identificado como SMT-DA-008/2024 la STM de Puebla encargó el “Servicio Integral de Elaboración, Impresión y Emisión de Documentos Oficiales” por un monto que asciende a 1 millón 800 mil pesos.
Además, el pasado mes de mayo la STM dio a conocer los resultados de una licitación para determinar la empresa encargada de realizar los exámenes prácticos para emitir la licencia de conducir a través de simuladores. En este procesó ganó Cosmocolor, aunque la dependencia poblana no transparentó el monto de recursos públicos otorgados.
El exdiputado del PVEM, Jorge Kahwagi en los periodos 2003-2006 y 2009-2012 es el presidente de la empresa Cosmocolor con la que ha logrado conseguir contratos en distintos gobiernos, pero también se han detectado irregularidades. Uno de los más recientes fue reportado en 2022 en Sonora, dónde la firma recibió 27 millones de pesos para emitir las licencias, pero fue señalado el incumplimiento del contrato al reportarse hasta ocho semanas de atraso en el servicio.
Casos similares se han reportado en los gobiernos de San Luis Potosí en 2009, además de Puebla y Tabasco en 2012 y 2014, así como en 2020 y 2021 de nueva cuenta en San Luis Potosí.
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