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Pensionados y trabajadores del Estado de México denunciaron haber sido víctimas de un engaño sistemático por una empresa de planes funerarios que desapareció.
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
“La rabia y el dolor reunieron a decenas de adultos mayores frente a Palacio de Gobierno del Estado de México. Cansados de años de engaños y omisiones, los afectados por el colapso del Grupo CIF alzaron la voz para denunciar lo que califican como un fraude sistemático promovido desde las entrañas del propio gobierno estatal.
“Nos usaron para hacer negocio con la muerte”, lanzó Carmen Ruiz, viuda de un trabajador del INIEM, quien sostiene recibos de descuentos quincenales que suman más de 30 mil pesos. Como ella, cientos confiaron en la empresa Certificados Integrales Funcionales (CIF), creyendo que aseguraban un servicio digno para sus seres queridos. Sin embargo, al necesitarlo, sólo encontraron teléfonos fuera de servicio y oficinas clausuradas.
Óscar Chávez Espinoza, abogado y representante legal de al menos 280 víctimas, fue contundente: “El gobierno permitió que se usaran nóminas oficiales para cobrar estos planes. Había un contubernio institucional. El fraude no fue un accidente, fue un sistema bien orquestado”. El Grupo CIF, según las denuncias, ofrecía paquetes funerarios con pagos que iban de 200 a 400 pesos quincenales, con la promesa de cobertura vitalicia, incluso familiar. Sin embargo, en cuanto los usuarios alcanzaban los 25 años de aportación o sus familiares cumplían cierta edad, los planes se invalidaban o requerían “renovaciones”.
La indignación no solo es jurídica, también es emocional. Roberto Galván, de 71 años, compartió su historia con la voz quebrada: “Le prometí a mi esposa que la sepultaría con dignidad. Terminé pidiendo prestado para enterrarla, porque CIF nunca respondió”.
En municipios como Toluca, Zinacantepec, Naucalpan y Ecatepec, las oficinas del grupo se instalaron con aparente respaldo oficial. “Te los recomendaban desde tu centro de trabajo, por eso confiabas”, relató Margarita Torres, maestra jubilada que pagó por más de 15 años sin recibir un solo beneficio.
Aunque la Fiscalía ha avanzado en la integración de carpetas judiciales, los afectados temen que los responsables queden impunes. “Ya se judicializaron algunas denuncias, pero los operadores principales están desaparecidos desde hace tres años”, explicó Chávez.
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