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El nuevo proceso de regularización, busca subsanar los esquemas de despojo que tuvieron auge en el sexenio de EPN y contribuyeron al abandono de casas en zonas sin servicios
POR OMAR MONTALVO
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México. – La nueva estrategia de regularización que plantea el gobierno federal a cerca de 800 mil viviendas abandonadas, es una política que busca dar una solución a las casas sin habitar que dejaron gobiernos anteriores con el modelo Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) por encontrarse en zonas remotas y sin servicios, pero además, dar una solución a los miles de casos de despojo a derechohabientes que fueron víctimas en el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Ante el rechazo de integrantes del PAN y PRI, grupos de Morena, señalan que bajo estos partidos se llevó a cabo un esquema de despojo a derechohabientes del Infonavit. Las autoridades estiman que son cerca de 800 mil viviendas las que se encuentran abandonadas y que fueron parte del modelo de créditos que estableció el Infonavit en los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), pero de esta cifra, la mayoría está ocupada de forma ilegal por los llamados paracaidistas, dónde miles llegaron gracias a juicios irregulares de despojo.
Las cifras del Infonavit estiman que a partir de 2012 en el sexenio priísta se promovieron cerca de 373 mil 812 juicios masivos contra derechohabientes en cartera vencida, es decir, que dejaron de abonar el crédito de su vivienda, pero también se incluyó a aquellos que estaban al corriente con sus pagos. Principalmente el Infonavit con EPN, promovió juicios iniciados fuera del lugar de residencia de los derechohabientes. Aunque no hay una cifra estimada sobre el valor de las viviendas abandonadas, la señala que en pagos a despachos para realizar estos juicios, los gastos ascienden a 29 mil millones de pesos.
Los despojos pudieron llevarse a cabo debido a que al llevarse los juicios en otros estados, los derechohabientes no tenían conocimiento de que estaban demandados sin la posibilidad de defenderse. Esto provocó que miles de viviendas no se encuentran escrituradas debido a que no pertenecen ni al Infonavit, ni a los acreditados.
Estos despojos con juicios aumentaron la cantidad de hogares invadidos y sin habitar, que a pesar de la cifra redondeada por grupos políticos, el Infonavit señala la existencia de 933 mil viviendas con problemas. Estos casos llegaron a este punto, debido a que el modelo de vivienda de sexenios anteriores estuvo marcado por su baja ocupación, debido a que los fraccionamientos se edificaron en zonas remotas y sin servicios.
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