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Gobiernos del PRIAN censuraron a críticos y amenazaron la libertad de expresión

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En la etapa neoliberal imperaron asesinatos y espionaje contra periodistas; también se intentó impulsar leyes para callar a medios de comunicación

JUAN R. HERNÁNDEZ

Ciudad de México.- En México, la libertad de expresión ha enfrentado históricamente constantes amenazas, especialmente bajo los gobiernos neoliberales. Desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, diversas administraciones intentaron acallar a la prensa crítica mediante mecanismos de censura, control económico y propuestas de leyes conocidas como “Ley Mordaza”.

Durante el sexenio de Salinas (1988-1994), aunque el término “Ley Mordaza” aún no era común, el férreo control sobre medios como Televisa, la manipulación de la información durante el levantamiento zapatista y el uso político de la publicidad oficial evidenciaron una estrategia de censura velada. La Ley de Cinematografía de 1992 centralizó aún más el control estatal sobre contenidos audiovisuales.

Con Ernesto Zedillo (1994-2000), la censura se ejerció de forma indirecta. Pese a su discurso de apertura, persistió la presión económica sobre medios disidentes y continuó la impunidad en casos de asesinatos de periodistas. El duopolio televisivo de Televisa y TV Azteca monopolizó la narrativa nacional.

Vicente Fox (2000-2006), quien prometió una transición democrática, también fue señalado por presionar medios incómodos como Proceso y periodistas como Carmen Aristegui. La llamada Ley Televisa, aprobada en su mandato, favoreció a las grandes televisoras y limitó la pluralidad informativa. Además, reformas al Código Penal Federal en 2004 criminalizaron la difusión de información “reservada”, un golpe directo a la labor periodística.

Felipe Calderón (2006-2012) profundizó la crisis: México se convirtió en uno de los países más peligrosos para los periodistas. La censura no sólo vino del Estado, sino también del crimen organizado, ante la omisión gubernamental. Calderón también impulsó reformas que ampliaban el poder del Ejecutivo para revocar concesiones de radio y televisión, lo que encendió alertas por su potencial uso censor.

Enrique Peña Nieto (2012-2018) perfeccionó la cooptación mediática mediante millonarios contratos de publicidad oficial, premiando a medios afines y castigando a los críticos. La “Ley Telecom” de 2014 y el escándalo del software espía Pegasus mostraron el rostro autoritario de un gobierno que intervenía comunicaciones privadas bajo el argumento de la seguridad nacional. Casos como la salida de Aristegui de MVS tras investigar la “Casa Blanca” presidencial ejemplificaron los altos costos de ejercer el periodismo independiente.

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