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Por Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres
Otra vez el espectro del cártel inmobiliario ensombrece algunos liderazgos opositores.
La oposición asegura: un caso más de inexistencia de pruebas. El gobierno y la opinión pública mayoritaria, acompañada de su peso electoral, responde con la referencia a algunas ya casi lejanas detenciones, descalificaciones explícitas o persecuciones aún incompletas.
La discusión acerca del cártel inmobiliario, vinculado específicamente a autoridades de la alcaldía Benito Juárez en los últimos doce años, impregnó la campaña electoral en la cual resultaron victoriosas tanto Claudia Sheinbaum como Clara Brugada.
Max Weber sugería el necesario equilibrio entre la “ética de la convicción” y la “ética de la responsabilidad”. La primera se basa en la actuación según principios morales individuales y la segunda considera las consecuencias de las acciones. Ausentes ambas.
El liderazgo de Jorge Romero en el PAN nacional enfrenta serios cuestionamientos. “Él es el jefe del cártel inmobiliario”, enfatizó ayer en su mañanera la Presidenta Claudia Sheinbaum. Un día antes, la Jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, al presentar una estrategia integral contra la extorsión, respetó el derecho de las y los militantes a elegir a quien representa su forma de pensar o actuar, aunque adjetivó la elección de Romero como “mensaje preocupante” enviado a la sociedad.
Si él sabía del esquema extorsivo desarrollado desde la alcaldía Benito Juárez iniciado cuando fue delegado entre 2012 y 2015 es grave, como lo sería su desconocimiento de las acciones de sus subordinados involucrados.
El cártel inmobiliario incluyó a la extorsión como herramienta. Contra este delito se despliega una estrategia de la cual forma parte la Línea 55 5036 3301, operada desde el C5 para ofrecer orientación y atención inmediata. Denunciemos también el cobro de piso, las tentativas telefónicas y el “gota a gota”.
