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Por Sebastián Ramírez Mendoza
En su primer mensaje a la Nación, Enrique Peña Nieto anunciaba su paquete de reformas estructurales, y respecto a la energética, aseguraba que con ella las tarifas de la luz disminuirían.
Todas y todos sabemos lo que ocurrió después, los precios no bajaron y a los privados se les abrió la puerta de par en par para lucrar con la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad sin tener que pagar. El Pacto por México cambió el carácter de Pemex y CFE de empresas públicas a “empresas productivas”, y se les destinó a competir con poca inversión pública contra los privados.
Durante todo el periodo neoliberal se pensó en nuestros recursos como medios para hacer negocios y no como facilitadores de derechos. Así, tanto el petróleo como la energía se concibieron como recursos entregables a intereses privados y extranjeros, perdiendo de vista que recuperar la rectoría del Estado sobre su política energética, por ejemplo, no solo garantiza nuestra soberanía, sino que abre la puerta al ejercicio de una larga lista de derechos. Precisamente lo que buscaba la Reforma a la Industria Eléctrica propuesta por el Presidente López Obrador en 2021 y saboteada por el Poder Judicial.
Hoy nuestros legisladores discuten la reforma que le devuelve el carácter de empresa pública a Pemex y CFE, de tal manera que ya no operen bajo un régimen de derecho mercantil como hasta ahora, y sean reguladas por el derecho público. Entendiendo el tratamiento soberano de la energía y de nuestros recursos como el camino que nos lleva a la autosuficiencia, y asegurando su accesibilidad a todas y todos los mexicanos.
