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Se trata de una iniciativa promovida por la consejera Rita Bell López; la lista se conocerá el próximo 1 de marzo que es el día que inician formalmente las campañas.
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que de entre las más de 4 mil candidaturas a todos los cargos a que se votarán a nivel federal, efectuará una profunda revisión mediante la implementación del mecanismo denominado ‘8 de 8’, la idea es retirar el registro a quienes sean candidatos y cuenten con sentencias por violencia doméstica, política, sexual, así como a deudores alimentarios.
El mecanismo 8×8 contempla una verificación en ocho rubros entre las que destaca cualquier tipo de violencia específicamente hacia las mujeres, además de todos aquellos que estén registrados como deudores de alimentos.
La consejera Rita Bell López, quien es la responsable de dicha propuesta, señaló que será el Consejo General del INE quien determine la aprobación de todas las candidaturas tanto a la Presidencia como al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, así como a los cargos locales entre gubernaturas, Congresos y municipales.
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Será el próximo jueves 1 de marzo, y las listas de aspirantes aprobados serán publicadas el viernes 2 de marzo, sin embargo, se determinó que será el 2 de abril la fecha límite para contar con la información completa de quienes sean propuestos por los partidos políticos y a su vez se les señale de algún tipo de infracción.
Por su parte, la consejera Dania Ravel indicó que quienes se encuentren anotados en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género procedería la pérdida del derecho de registrarse como candidato aunado a que la sanción, la cual se le hará saber al afectado, será la del derecho al registro.
En el caso de asuntos administrativos, como el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia de Género, debe indicar explícitamente que la sanción implica la pérdida del derecho al registro. Asimismo, se estableció el 2 de abril como la fecha límite para recopilar información sobre posibles infractores propuestos por los partidos políticos.
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