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Postura de jueces no sorprende al gobierno federal
JUAN R. HERNÁNDEZ
En respuesta a la reciente liberación de ocho detenidos en la investigación de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y respaldado por la Fiscalía General de la República (FGR), ha expresado su postura respecto a la actuación del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Tal y como lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras anunciar la postura oficial, destacó que la decisión de liberar a los detenidos no sorprende al gobierno, señalando que el PJF ha mostrado una falta de compromiso con la justicia y la búsqueda de la verdad en el caso Ayotzinapa.
Al respecto, la Secretaría de Gobernación, en un comunicado, acusó al Poder Judicial de obstaculizar el desarrollo del proceso y de no priorizar la búsqueda de la verdad, por lo que el Gobierno Federal respalda la posición de la FGR con respecto a la decisión de la jueza Raquel Ivette Duarte Cedillo y los magistrados del Tribunal Colegiado, quienes ordenaron la liberación condicional de ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa.
Asimismo, criticó a los integrantes del PJF por basar sus decisiones en tecnicismos y no ponderar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y no repetición.
En el comunicado, se destaca que el Poder Judicial liberó previamente a 62 implicados alegando tortura, pero no ha actuado contra los presuntos torturadores, mencionando específicamente el caso de Tomás ‘N’ (Zerón de Lucio), quien está prófugo en Israel. También se menciona un intento del PJF de liberar al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, autor de la “verdad histórica”.
También calificó como inconmensurable el daño causado por estas decisiones judiciales, acusando al Poder Judicial de minar los cimientos de la verdadera procuración de justicia. El Gobierno Federal anunció que solicitará a la FGR la revisión de las medidas cautelares, considerando factores de riesgo y pruebas que llevaron a la prisión preventiva justificada en agosto del año pasado. Además, se pedirá a la FGR que, de ser procedente, solicite nuevas órdenes de aprehensión y agote todas las líneas de investigación.
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