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ANTONIO ATTOLINI
La escalada de violencia generada por la delincuencia organizada, marcada por actos brutales y enfrentamientos armados, es una de las amenazas más graves a la estructura de nuestras sociedades. Es imprescindible abordar esta problemática desde una visión constructiva: se han hecho avances pero son dolorosamente lentos.
Debemos reconocer los esfuerzos gubernamentales, pero también dar cuenta de la barbarie cuando se presenta (más seguido de lo que a veces nos permitimos reconocer).
El dominio por terror que ejercen estos grupos —como los que vimos en Texcaltitlán, Estado de México— no sólo socava la autoridad del estado, sino que desgarra nuestra idea de comunidad. No es posible la vida en donde no vale nada asesinar a mansalva a alguien. La violencia extrema genera un clima de miedo y desconfianza.
Las consecuencias a largo plazo son devastadoras: generaciones creciendo en un ambiente de normalización de la violencia, la pérdida de oportunidades y el debilitamiento de las instituciones democráticas. La ley de la plata o plomo y no la del derecho.
La lucha contra la delincuencia organizada no ha sido sencilla y se debe valorar la estrategia que dejó de lado la búsqueda y captura de altos mandos como criterio principal, así como la confrontación directa militar. Pero, ¿es suficiente? La respuesta es no. Es vital adoptar un enfoque más holístico que trascienda la acción militar y policial. La prevención es clave. Necesitamos invertir en educación, oportunidades económicas y programas sociales que atiendan las raíces del problema.
Además, la justicia y los derechos humanos no pueden quedar en segundo plano. La impunidad alimenta la violencia; por lo tanto, garantizar procesos judiciales justos y efectivos es fundamental. Asimismo, las víctimas de esta violencia deben recibir apoyo y protección. El respeto a los derechos humanos no es negociable, incluso en la lucha contra la criminalidad.
En este sentido, es vital una cooperación internacional más fuerte. La delincuencia organizada es un fenómeno transnacional; por ende, requiere respuestas coordinadas y el apoyo de la comunidad internacional.
En conclusión, enfrentar la violencia de la delincuencia organizada es un desafío multifacético que requiere una estrategia integral. Reconocemos y apoyamos los esfuerzos del gobierno, pero también instamos a un enfoque más inclusivo y respetuoso de los derechos humanos. Solo así podemos aspirar a construir sociedades más seguras, justas y prósperas para todos.
