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OMAR MONTALVO
Ciudad de México. – La Fiscalía General de Justicia capitalina de Ernestina Godoy, gastó 219 millones 104 mil 319 pesos en la renta de vehículos en el 2022 para la supuesta operación de la dependencia; lo anterior de acuerdo con el contrato multianual con las empresas Arrendadora SHEL-HA, S.A. de C.V. y LUMO Financiera del Centro, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
El pago multianual se remonta al último trimestre de 2019, periodo en el cuál el monto pagado a ambas empresas fue de 55 millones 226 mil 293 pesos por 848 vehículos. En 2020 la Fiscalía pagó 219 millones 704 mil 605 pesos, mientras que en 2021 fueron 219 millones 104 mil 319 pesos.
Desde 2021, debido a que la renta de vehículos representa el 26.2 por ciento del presupuesto para los servicios generales de la FGJ, la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) revisó la cuenta pública de la administración de Godoy Ramos y encontró que sus reportes financieros y los pagos por arrendamiento, se hicieron fuera de tiempo, corriendo el riesgo de ser sancionada por incumplimiento de contratos.
“El sujeto de fiscalización tampoco cumplió la cláusula tercera ‘Condiciones de pago’, párrafo segundo del contrato núm. PGJCDMX-088-2019, vigente en 2021 (…) en la confronta realizada por escrito el 23 de septiembre de 2022, el sujeto de fiscalización no aportó información o documentación relativa a la presente observación” indica el informe ASCM/146/21.
Durante la realización de la respectiva auditoría, dicha institución indicó que ambas empresas están en condiciones de realizar contratos con instituciones públicas, sin embargo, en el último año han salido casos de incumplimiento con Arrendadora SHEL-HA.
Esta empresa recientemente ha sido señalada de no cumplir con la entrega de todos los vehículos arrendados por el ayuntamiento de Tijuana, gobernado por Montserrat Caballero.
Mientras que LUMO Financiera del Centro empezó negocios con instituciones de gobierno en 2014, aunque fue creada en 2011 por Luis Humberto Montaño García, quien estuvo en el equipo de coordinación de campaña del expresidente Enrique Peña Nieto y fue diputado suplente en el 2000.
La empresa se ha mantenido haciendo negocios con gobiernos estatales y municipales del PAN y PRI, en estados como Chihuahua y San Luis Potosí.
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