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ANA MARÍA VÁZQUEZ
La nueva ley sobre Violencia Política en razón de Género, cuyos lineamientos fueron aprobados en 2021 ha sido usada como arma política por el Tribunal Electoral y el INE; hace poco más de un año, a un grupo de compañeros y a mí, nos tocó una sanción por comentarios inocentes a un tuit también inocente de la diputada Andrea Chávez, del cual finalmente fuimos absueltos, sin embargo, la ley que debería usarse para erradicar las prácticas violentas principalmente hacia mujeres, se está convirtiendo en una arma política ahora para suprimir permanentemente los derechos a los que en algún momento fueron “sentenciados” y cumplieron con dicha sanción, hasta los que a partir de ahora sean señalados por la institución como violentadores.
El reclamo fue hecho por el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña en su cuenta de Youtube ayer a las 19:30 de la mañana.
Extrañado y visiblemente molesto por la intromisión del INE en asuntos legislativos, Noroña dijo algo que personalmente me consta: una acusación del INE no te permite defenderte, efectúa juicios sumarios y sanciona de forma perversa. Los acusados disponen de un breve tiempo para inconformarse jurídicamente, ya que se requiere un abogado especialista en derecho electoral para responder a la institución de forma adecuada, las sanciones establecidas hasta ahora iban desde inhabilitación temporal de los derechos político-electorales, el pago de una multa, quedar inscrito por un año en el registro de violentadores por un año y tomar un curso, pagado por el infractor. Puede, dependiendo de la gravedad del hecho, aplicarse una o varias de las sanciones descritas, sin embargo, ahora se pretende que hasta los que ya cubrieron las reglas (con razón o no), se ajusten también a la nueva sanción: suspensión permanente de derechos simplemente por la acusación.
Esto, afecta por supuesto a los políticos en activo como Fernández Noroña, pero también al presidente López Obrador, quien fue recientemente señalado por Xóchitl Gálvez de incurrir en violencia política en razón de género.
Una vez más, vemos como una ley que pudo ser buena, es modificada y usada para limpiar el camino a “políticos molestos”
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