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Son 42 los funcionarios de la corte que superan la percepción monetaria del presidente; artículo 110 constitucional establece la posibilidad de enjuiciamiento
Redacción Grupo Cantón.
Legisladores de la fracción de Morena tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, se pronunciaron porque los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean sometidos a juicio político por lo que consideran, una sistemática violación a lo estipulado en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo 127 textualmente dice: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”, situación que no opera en el caso de los ministros del máximo tribunal del país.
Los 11 magistrados de la Corte perciben un salario mensual de $372 mil 522.90 y 398 mil 473.37, lo que representa un 150% más que el primer mandatario, quien por su cargo ingresa 122,257 pesos mensuales libres.
Sin embargo, no son los únicos en la institución que cobran un sueldo superior al del Presidente, puesto que al menos 30 funcionarios más, considerados de segunda línea, alcanzan los 238 mil 500 pesos de salario al mes.
Cabe destacar que solamente procedería una decisión condenatoria contra los magistrados si la Cámara Baja, por mayoría simple y calificada desahoga la resolución acusatoria en contra de los magistrados, para que posteriormente el Senado determine lo mismo, bajo las mismas condicione, es decir, votación por mayoría simple y calificada, basados en el artículo 110 constitucional que establece tal medida.
En la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (LFRSP) hay ocho causales por las que se puede enjuiciar a servidores públicos como el ataque a las instituciones democráticas y a la forma de Gobierno republicano, representativo y federal; así como las violaciones a los derechos humanos y las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal, entre otros.
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