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Redacción, Grupo Cantón.
Linda Cristina Pereira, esposa de Genaro García Luna y dos hermanos del ex secretario de seguridad ya son buscado por la Interpol en más de 190 países una vez que la Fiscalía General de la República le solicitó a este organismo que se emitiera una ficha roja para su localización.
Así como los familiares más cercanos de García Luna, otras 60 personas también se encuentran en la mira de la Interpol, por la posible comisión de los delitos de peculado y lavado de dinero, con relación a la firma de 10 contratos ilegales y abusivos que celebró el ex jefe de la policía durante el sexenio de Felipe Calderón.
Estos recursos habrían sido utilizados para equipar cárceles feder4ales, con lo que se provocó un daño al erario por 5 mil 112 millones de pesos. Genaro, quien se encuentra preso en Estados Unidos por sus nexos con el Cártel de Sinaloa, estaría dispuesto a declarar en contra de su ex jefe Calderón una vez que se logre el acuerdo de su sentencia.
Como se recordará la magistrada presidenta de la Suprema Corte de la Nación, Norma Piña, ordenó liberar las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira, acción que facilitó su probable fuga ya que desde entonces nada se ha sabido sobre su paradero inmediato.
La FGR informó a través de una ficha informativa que se agilizan los mandamientos judiciales en contra del ex funcionario y de sus cómplices, para que una vez que sean capturados su extradición sea inmediata.
Aunque la fiscalía no lo precisa ya habría intervenido en el decomiso de bienes inmuebles de los familiares de García Luna y con el bloqueo de sus cuentas bancarias, informó que el ex jefe policiaco tiene 3 ordenes de aprehensión por su presunta responsabilidad en delitos cometidos en nuestro país los cuales también tienen vínculos con el proceso por el que se le enjuició en Estados Unidos.
Además del daño patrimonial por 64 mil 900 millones de pesos que Genaro le habría provocado al país a través de la construcción de cárceles, también se le acusa con un desfalco de 5 mil 112 millones con los cuales supuestamente equiparía a estos centros penitenciarios y la última acusación se relaciona con la adquisición de armas a Estados Unidos mediante la operación “Rápido y Furioso”.
