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Juan Hernández
El golpe al PRI en el Estado de México vino de quien menos se esperaba, y con él se aleja cada vez más los sueños de mantener su hegemonía en tierras mexiquenses y le da la puntilla con su Talón de Aquiles: la Corrupción.
Un desvío multimillonario que dieron a conocer el diario británico The Guardian y el diario español El País, con base en una investigación realizada por la periodista mexicana María Teresa Montaño Delgado, involucra al menos a nueve de 40 contratos otorgados a empresas fantasma entre 2018 y 2022, y que podrían alcanzar una cifra superior a los 5 mil millones de pesos, fueron autorizados desde la Secretaría de Desarrollo Social mexiquense y ya están en la mira varias figuras que fungieron como titulares de la dependencia.
Por aquello de la Ley Electoral, no se mencionan nombres; sin embargo, es probable que el próximo lunes 5 de junio, nos estemos enterando de la apertura de investigación y hasta una posible orden de aprehensión en contra de algún exfuncionario.
Y cambiando de tema, con un resultado de 50 votos a favor, el pleno del Congreso capitalino aprobó un dictamen de la Comisión de Asuntos Político-Electorales para reformar el artículo 18 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de prohibir a quienes tengan antecedentes de violencia familiar, de género o sean deudores alimentarios, el acceso a la ocupación de un cargo de elección popular.
Es decir, la nueva Ley 3 de 3 entrará en vigor para las elecciones de 2024 en la Ciudad de México y habrá que ver qué figuras no cumplirán con los requisitos.
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