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Arreando al Elefante | Acceso digno a la salud

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Ana María Vázquez 

La salud es un derecho humano que, si no estás afiliado a alguno de los sistemas de  seguridad social, eventualmente deberás tener un seguro médico o un guardadito para las épocas de quebranto. Contrario
a la estridencia mediática en la que se culpa al gobierno de esconder medicinas o no luchar por los niños con cáncer, han sido los monopolios de las farmacéuticas los responsables del desabasto y encarecimiento de los medicamentos, el mejor ejemplo es PISA, que hasta 2019 tuvo 339 contratos con el IMSS. Son 5 los laboratorios y 6 distribuidoras que han mantenido en jaque a la salud de los mexicanos; dichos monopolios han ocasionado escasez, encarecimiento, medicamentos caducos, en su afán por controlar el mercado y sobre todo sus jugosos ingresos.

La lucha del gobierno contra este monopolio ha llevado buena parte del sexenio, por ello, con el afán de romper este círculo vicioso y ofrecer acceso a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, junto con el embajador de Honduras y el coordinador de la Celac, Douglas Slater, han firmado la llamada Declaración de Acapulco en el que los gobiernos de México,
Cuba y Colombia con el que se garantizará el derecho a la salud, no solamente en México, sino también en Latinoamérica para que, mediante acciones concretas, se pueda acceder a medicamentos e insumos sin tener que depender de los caprichos del mercado.

Los traficantes de la salud se han encargado por ejemplo de acaparar desde cubrebocas hasta insulina o metotrexato, (este último, fundamental como tratamiento contra el cáncer), sin importar la salud pública. A principios de 2020, PISA fue multada con más de 1 millón de pesos e inhabilitada por 30 meses debido tanto por monopolio ejercido, como por ocultamiento de un lote de 20 mil unidades de metotrexato y la detección en él, de una bacteria (bacilus simplex), responsable de la muerte de un menor en Puebla, sin embargo, tuvo que suspenderse la inhabilitación en virtud de las necesidades de los pacientes. La Declaración de Acapulco pretende, de una vez por todas, romper con estas prácticas tan dañinas que solo afectan a la población.

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