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Sebastián Ramírez Mendoza
El martes el Presidente López Obrador dio una enorme noticia: el Gobierno de México va a adquirir 13 plantas de generación de energía de la empresa española Iberdrola, casi el 80% de su infraestructura en nuestro país.
Primero que nada, es importante tener presente el antecedente: el año pasado el Presidente envió una iniciativa de reforma eléctrica al Congreso de la Unión, para que la Comisión Federal de Electricidad generara el 54% de la energía eléctrica, y el resto las empresas privadas, misma que la oposición echó atrás dándole la espalda al Pueblo.
Recordemos que en el sexenio anterior, en el marco del Pacto por México, la Reforma Energética de Peña Nieto -aprobada con sobornos millonarios de por medio-, terminó de poner las condiciones necesarias para el debilitamiento y saqueo de empresas públicas como CFE y Pemex; sin embargo, esto empezó incluso desde tiempos de Felipe Calderón, toda vez que específicamente a Iberdrola se le permitió mediante contratos de autogeneración de energía, utilizar la infraestructura de la Comisión y pagar precios bajísimos.
A esta misma práctica se sumaron una serie de empresas hasta llegar al punto en que un Oxxo pagaba menos por consumo de luz que una familia.
Muchos supuestos expertos, analistas y comunicadores se sumaron en su momento a la embestida contra la Reforma Eléctrica de este gobierno, argumentando que la CFE tenía un “monopolio” en la generación de energía, ignorando por completo que constitucionalmente esta es
una actividad estratégica del Estado Mexicano; pero especialmente, ignorando las consecuencias gravísimas que la privatización de este campo ha provocado en otros países como España, en donde los precios se dispararon hasta en un 200%, sin mencionar el desabasto.
Lo que está sucediendo no es menor, estamos fortaleciendo una de las empresas públicas más importantes y retomando la rectoría de nuestra política energética, pero, sobre todo, recuperando nuestra soberanía nacional.
