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Hasta el 31 de mayo se tenía registro de 782 víctimas, 89 de las cuales fueron asesinadas, por lo que exigen justicia para candidatos agredidos.
Juan R. Hernández
Luego de finalizar la jornada electoral del 6 de junio, el diputado Jorge Casarrubias Vázquez demandó a las autoridades federales, en el ámbito de su competencia, dar resultados a la brevedad de sus investigaciones en torno el cúmulo de crímenes políticos perpetrados en el pasado proceso electoral a fin de hacer justicia a víctimas, familiares, amistades, correligionarios y ciudadanía en general.
El legislador federal por Guerrero solicitó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldar su demanda y le propuso un acuerdo para tal efecto en el que advirtió que los esfuerzos y responsabilidades de esas autoridades no deben darse por terminados una vez concluidas las elecciones.
Recordó que la misma Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal presentó una estrategia para proteger, con los otros dos niveles de gobierno, a candidatas, candidatos, precandidatas, precandidatos y actores políticos en general que incluía prevenir amenazas y riesgos incluso por región.
A pesar de ello -dijo-, el pasado proceso electoral fue el más violento en la historia del país y para el 31 de mayo se habían cometido 782 agresiones en agravio de aspirantes a algún cargo de elección popular o algún otro político o política, 89 de los cuales fueron asesinatos.
De éstos, 35 eran candidatos o precandidatos de prácticamente todas las filiaciones políticas, como Antonio Hernández Godínes, del PRD; Juan Antonio Acosta Cano e Ivonne Gallegos, del PAN; Yuriel Armando González, del PRI; Alma Rosa Barragán y Abel Murrieta, de Movimiento Ciudadano, y Carla Enríquez Merlín, de Morena.
Señaló que el nivel de violencia fue tal que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a México a garantizar la vida e integridad personal y seguridad de candidatos y candidatas ante la violencia política que marcó esos comicios.
Consideró que los esfuerzos por deben ser el inicio de un proceso que debe ir más allá de la jornada electoral, por lo que pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortar a la Secretaría de Gobernación, la SSPC y a la Fiscalía General de la República -cada una en el ámbito de su competencia- para que investiguen todos esos casos y, en su oportunidad, sancionen a los responsables de las agresiones.
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