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La llegada de una nueva administración, sin duda ha impactado directamente el bolsillo de toda la población, aunado a ello, un elevado desempleo y la falta de oportunidades, siguen provocando un efecto espiral, en el que cada vez más personas se integran a la actividad comercial en el espacio público, sobreviviendo bajo condiciones precarias, graves problemáticas de inseguridad y discriminación; siempre perseguidos por las autoridades, en un entorno de violencia y maltrato.
Esa situación vulnera sus derechos humanos, al impedirles el acceso a una vida sana, digna, con amplias posibilidades de desarrollo y sustento económico, por lo cual es urgente que se les brinden todas las garantías y obligaciones establecidas en la ya vigente Constitución, atendiendo esta lucha que existe desde hace décadas.
Los reglamentos que regulan las actividades de los trabajadores no asalariados en la Ciudad de México, ignoran las condiciones en las que laboran los comerciantes populares, quienes además, carecen de condiciones necesarias, como la seguridad social, por ejemplo, sin tener la opción de llevar a sus hijos a estancias infantiles mientras trabajan, o a no tener acceso a créditos para vivienda o fondos de ahorro para el retiro.
Es evidente el desinterés que ha mostrado reiteradamente el Gobierno local hacia un tema de relevancia para la Ciudad de México; dicha reflexión surgió hace unos días del foro llamado “1.20 x 1.80: Un espacio con futuro”, donde se planteó una perspectiva más clara sobre los retos y oportunidades de este sector.
Hablar de regulación a este sector, implica que el Gobierno de la Ciudad de México ofrezca soluciones viables y adecuadas, afrontando la responsabilidad que tiene con la ciudadanía, mejorando la calidad de vida de las personas, el entorno urbano, y la convivencia social en general.
