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En la Constitución de la CDMX, se reconoce la existencia del comercio en vía pública, pero no se determina a detalle las condiciones, los espacios y el funcionamiento de ese tipo de economía informal a pesar de que las calles de capital están repletas de gente que busca una forma de vivir todos los días.
Es decir, el Congreso de la Ciudad tiene una gran oportunidad de trascender como la Primera Legislatura en conformar el marco jurídico de las leyes secundarias que le darían un lugar a los más de 2,500 vendedores ambulantes -los cuantificados en el Centro Histórico-, quienes buscan ser reconocidos como gente de bien, que sólo busca un ingreso para sobrevivir. La economía inclusiva y la desigualdad social son temas fundamentales para erradicar la pobreza y así cumplir con los objetivos 1 y 10 de la agenda 2030. En América Latina y el Caribe hay al menos 130 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, el 47.7% de los trabajadores, según la Organización Internacional del Trabajo. En ese universo, se encuentran las personas que comercializan y prestan servicios en el espacio público, es decir, el comercio popular; en particular las actividades desarrolladas en puestos fijos, semifijos y de manera itinerante o no asalariada, agrupando en su mayoría a poblaciones prioritarias.Por ello, los diputados locales deben entender que las personas que se auto emplean en el espacio público, son sujetos de derechos y obligaciones, así como reconocer legal y socialmente como población trabajadora a todas las personas que se auto emplean en el sector informal; y quienes desarrollan sus actividades en el espacio público como personas que ejercen un trabajo y gozan de derechos. Veremos si esta Primera Legislatura tiene los tamaños para al tema.
