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En procuración y aplicación de justicia, tanto nuestra Ciudad como la UNAM son campos de batalla, zonas de protesta y, en el peor de los casos, territorios abandonados a su suerte. Seis cruces rosas pesan más que las toneladas de hojas que integran los fallidos expedientes en poder de la PGJ capitalina y de la Universidad: seis mujeres universitarias asesinadas solo de 2018 hasta la semana pasada con el crimen contra la estudiante Aideé Mendoza.
La madre de una de las jóvenes víctimas del delito de feminicidio, la señora Araceli Osorio, tuvo que esperar dos años para que en el aniversario luctuoso de Lesvy Berlín Rivera Osorio (3 de mayo), la procuradora de Justicia, Ernestina Godoy, a nombre de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreciera una disculpa pública por la torpeza del Gobierno anterior en el proceso judicial que inició desde que encontraron sin vida a Lesvy.
La mamá de Lesvy fue contundente en su declaración: “esta disculpa no tendrá validez si se siguen cometiendo este tipo de agresiones y si no se repara de fondo el problema en la impartición de justicia”.
El rector de la Universidad, la procuradora, el Gobierno, tienen la responsabilidad de evitar más mujeres muertas y más injusticia.
