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Por: Mouris Salloum George
EN MATERIA DE FORMACIÓN DE LEYES, VALE MÁS IR CON LA SONDA PUESTA ANTES QUE QUEMAR ETAPAS.
Cosa muy diferente, es amodorrarse en la hamaca de los usos y costumbres.
Se cierra en estas horas el primer año legislativo del nuevo Congreso de la Unión. Sólo para citar un caso: Desde 2017 está pendiente el nombramiento de los titulares de instancias de control interno de los órganos autónomos del Estado.
No es asunto menor, cuando el combate a la corrupción pública es prioritario en la agenda del Gobierno de la República. Relacionada con ese tema, está la Ley de Austeridad que, a menos de 24 horas de que se clausure el segundo periodo de sesiones de la LXIV Legislatura, no se sabe qué dictamen bajarán al pleno las comisiones unidas de Hacienda y Presupuesto de San Lázaro.
En la misma vertiente está la llamada Ley de confianza ciudadana para prevenir y eventualmente penalizar la evasión fiscal por parte de causantes empresariales y ponerle freno a la impunidad.
Una de las iniciativas pendientes de dictamen, que no puede votarse sobre las rodillas presionado por la premura, es la que corresponde a las reformas a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro.
Para decirlo pronto, sobre el tapete se juegan más de tres y medio billones de pesos acumulados históricamente con las aportaciones de trabajadores y empleados para su retiro, rasurados ya por el insaciable apetito del gobierno y corporativos privados nacionales y extranjeros que se fondean con esos recursos; en el primer caso, para pagar deuda vieja y aligerar el déficit público.
A la hora de elaborar estos apuntes, no se ha planchado consenso para darle aire al proyecto de reforma que extiende el procedimiento de juicio político a la investidura del Presidente de la República, no obstante que, en otro carril, se han dado pasos adelante a la revocación de mandato.
