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La herencia de putrefacción en el gobierno de México –cuyo pueblo es resistente hasta el masoquismo–, llegó a su mayor pico cuando el modelo presidencialista, concebido en la Constitución como una ruta hacia la extinción de cacicazgos y caudillajes, cedió terreno para abrirse a la pluralidad bajo las presiones, de siempre, por parte de la Casa Blanca.
Surgió, de esta manera, la partidocracia, aliada del establishment y por ende del mandatario en turno en el fondo –recuérdese el grotesco Pacto por México que sirvió para maldita la cosa–, cuyos intereses son iguales, mayores y paralelos que los de la clase política en el poder. Todos a uno, como mosqueteros de la rancia nueva aristocracia, con tal de proteger curules y escaños concedidos, los más, a través de complejas operaciones matemáticas que no entienden ni los propios beneficiarios.
De tal manera, las posiciones plurinominales y de representación proporcional, en su momento, separan a los legisladores y ediles de la representación popular y los ligan inexorablemente a las dirigencias partidistas que son quienes señalan la ruta crítica de las listas cuya numeración es definitiva: los primeros de cada una, por regiones, son quienes tienen las mayores posibilidades, o todas, de acceder al Congreso y hasta convertirse en líderes de bancada dependiendo de las confianzas, o complicidades, con la mesa directiva de sus respectivos partidos.
Esto es, no le deben nada al electorado –salvo el requisito mínimo de los votos obtenidos a favor de cada uno de sus emblemas–, y todo a quienes disponen el orden y las alianzas de sus superiores en el seno de sus organismos, dependientes del registro ante el Instituto Nacional Electoral, un organismo que caducó en poco tiempo por su evidente parcialidad, la negligencia ante los excesos del partido gobernante, sea el PAN o el PRI, cuando el Instituto aún tenía el apellido de Federal y no Nacional, y cuyo consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, es tan impopular –por racista y sinvergüenza–, que cualquiera de los gobernadores en ejercicio.
Desde luego, las interrelaciones entre el INE y las dirigencias partidistas tienen objetivos superiores muy alejados de la trama con los temas electorales y el favor de la ciudadanía. Por ahora, lo verdaderamente importante, para mantener los equilibrios, se centra en las multas –esto es en su prescripción, anulación o mengua–, y, sobre todo, en las participaciones otorgadas a cada instituto por cuenta de sus militancias y de los sufragios alcanzados en cada jornada comicial.
