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Recibe una empresa 42 contratos de obra pública en Cuautitlán

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DIEGO RAYA

GRUPO CANTÓN

Entre los ejercicios fiscales de 2022 y 2024, el municipio mexiquense de Cuautitlán, gobierno administrado actualmente por la edil Juana Carrillo Luna entregó decenas de contratos a la misma empresa para la ejecución de obras públicas. Aunque la información fue obtenida mediante una solicitud de información, la Dirección de Obras Públicas decidió no transparentar el monto destinado a dicha empresa.

De acuerdo con la respuesta DOP/1048/2025, Constructora y Comercializadora Barandy, S.A.S. de C.V., acumuló 42 contratos durante ese periodo, de los cuales ocho correspondieron a 2022, seis a 2023 y 28 a 2024. Durante el último año mencionado, la compañía concentró dos terceras partes del total de convenios identificados. Sin embargo, el municipio no dio información sobre los recursos económicos ejercidos para cada proyecto.

Entre las obras públicas realizadas por la compañía se encontraron trabajos de rehabilitación de vialidades con concreto asfáltico, instalación de alumbrado público y semaforización, así como la construcción y remodelación de espacios públicos. También participó en la rehabilitación de escuelas, aulas, sanitarios, parques y módulos de vigilancia, además de intervenciones en infraestructura de Protección Civil y Bomberos, como la construcción de una cisterna y espacios para su personal.

Respecto a los mecanismos mediante los cuales se asignaron los trabajos, la nomenclatura de los contratos identificados permite inferir 18 adjudicaciones directas, 20 procedimientos de invitación restringida y cuatro licitaciones públicas. Asimismo, al solicitar información sobre la participación de Barandy durante 2021, el municipio declaró la inexistencia de registros correspondientes a ese ejercicio fiscal, mientras que para 2025 la Dirección de Obras Públicas aseguró que no había formalizado nuevos contratos de obra pública con dicha compañía hasta la fecha de la solicitud.

Por lo tanto, la falta de información sobre los montos impide conocer el dinero público que recibió la constructora durante los tres años, así como dimensionar el costo de los proyectos y comparar los recursos destinados a cada uno, además de identificar cuáles fueron los criterios para entregar tantos contratos a una misma firma.

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