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Por Lengua larga
En Tlalpan parece que quitar una lona se convirtió en una actividad de riesgo. Al menos eso es lo que han denunciado jóvenes que se han dedicado a retirar propaganda política colocada en calles, puentes y mobiliario urbano, donde la imagen de la concejala morenista Fabiola Cerón Rivera ya comienza a hacerse presente rumbo a 2027.
El asunto no es menor. El 31 de octubre, Samuel Barrios denunció que dos sujetos que se identificaron como colaboradores de la concejala lo confrontaron y le arrebataron las lonas que había retirado en Canal de Miramontes. Dos semanas después, el 16 de noviembre, Samuel Lescas denunció otro episodio de intimidación en Villa Coapa. En ambos casos, los jóvenes señalaron a personas vinculadas con la funcionaria.
Vaya manera de entender el servicio público. Una concejalía debería servir para vigilar al gobierno, representar a los vecinos y defender el interés colectivo, no para convertir la propaganda personalizada en un asunto que termine en confrontaciones con ciudadanos.
Y aquí viene otra pregunta que merece una respuesta pública: ¿quién está pagando toda esa promoción?
Porque Fabiola Cerón no ocupa una secretaría de Estado ni una dirección general. Es concejala de Tlalpan, un cargo cuya remuneración ronda los 29 mil 300 pesos netos mensuales, de acuerdo con registros públicos de remuneraciones para ese nivel.
Nadie está diciendo que una servidora pública no pueda tener ahorros, patrimonio familiar u otras fuentes legales de ingresos. Pero cuando aparece propaganda por distintos puntos de una demarcación, resulta legítimo preguntar cuánto cuesta, quién la financia, quién la instala y si existen permisos y facturas que respalden ese despliegue.
Más todavía cuando el calendario electoral de 2027 ya empieza a asomarse y el nombre de una funcionaria aparece en espacios públicos que no son precisamente escaparates personales.
Cerón tiene una responsabilidad adicional: encabeza la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Gobierno del Concejo. Por eso sería conveniente que explicara qué ocurrió con los jóvenes, quiénes son las personas que presuntamente intervinieron y bajo qué argumento defienden esas lonas.
La ciudadanía no tiene por qué enfrentarse a presuntos colaboradores para recuperar sus espacios públicos. Y mucho menos debería necesitar valor para retirar una lona.
