Visitas
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En Valle de Bravo vecinos y comerciantes exigieron a la alcaldesa Michelle Núñez Ponce acciones contra la extorsión y atención a las familias afectadas por amenazas y cobros ilegales. Los inconformes cuestionaron los resultados de su administración y exigieron reforzar la coordinación con autoridades estatales y federales. Los habitantes describieron las cuotas y las presiones contra los negocios como un problema que afecta su vida cotidiana.
Reclamaron una respuesta que proteja a quienes trabajan en la localidad y dé seguimiento a las personas que solicitan ayuda ante las intimidaciones. Entre los antecedentes se encuentra la Operación Liberación, en julio de 2025. Jorge “N”, señalado como presunto dirigente de madererías en Valle de Bravo, fue vinculado a proceso por extorsión agravada. La investigación le atribuyó exigir 100 mil pesos a un vendedor para permitirle continuar con sus actividades.
De acuerdo con la acusación, también habría impuesto una cuota mensual sobre las ventas y la compra exclusiva de madera con él. El esquema investigado condicionaba la actividad comercial a la entrega de dinero y a restricciones para elegir proveedores. Su responsabilidad penal está sujeta a la resolución judicial. El operativo incluyó procesos por hechos ocurridos en otros municipios del sur mexiquense. Entre las personas investigadas estuvo Yareli “N”, regidora de Ixtapan de la Sal, señalada por su probable participación en un secuestro exprés con fines de extorsión.
En el Estado de México se registraron 845 carpetas por este delito entre enero y junio de 2026, frente a mil 398 durante el mismo periodo de 2025. Las cifras representan una reducción cercana a 40 por ciento y corresponden al conjunto de la entidad. En Valle de Bravo, los reclamos se concentran en la atención a víctimas, la protección de los comercios y la persecución de las cuotas ilegales. Los vecinos exigieron al gobierno de Núñez Ponce resultados y una respuesta coordinada frente a las amenazas.
