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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
En el municipio de Atizapán de Zaragoza la falta de lugares para nuevas inhumaciones limita las opciones de las familias que dependen del servicio público funerario. De los cuatro panteones municipales, únicamente Villa de las Palmas recibe a personas cuyos deudos no cuentan con derechos de perpetuidad, informó la Subdirección General de Servicios Públicos.
San Francisco, Calacoaya y San Mateo tienen sus fosas comprometidas bajo ese régimen, por lo que carecen de terrenos disponibles para nuevas asignaciones. Quienes no poseen una sepultura deben recurrir al único recinto con disponibilidad variable y acreditar que residen en el municipio. En Villa de las Palmas, el uso de las tumbas se autoriza por cinco años.
Cumplido ese periodo, corresponde a los familiares gestionar la exhumación y retirar los restos para permitir que el lugar sea utilizado nuevamente. La atención de nuevas solicitudes depende, en parte, de esta rotación. El subdirector Juan Pablo Rangel Navarro explicó que ese esquema permite atender a ciudadanos que no tienen dónde sepultar a sus familiares. Sin embargo, la asignación temporal obliga a los deudos a prever otro trámite y resolver el destino posterior de los restos, aun después de haber obtenido una fosa.
La restricción concentra la demanda en una sola instalación y deja a los hogares sin derechos adquiridos sujetos a la disponibilidad del momento. Para quienes tampoco pueden pagar una alternativa privada, la oferta pública del ayuntamiento resulta indispensable al enfrentar un fallecimiento.
Pese a la saturación, el gobierno local no tiene previsto construir otro cementerio. La respuesta municipal continúa basada en la reutilización de sepulturas, sin una ampliación anunciada que permita diversificar las opciones para los habitantes. El problema persiste antes del Día de Muertos, cuando los cuatro recintos recibirán visitantes. La preparación para esas jornadas incluye limpieza, pero no modifica la falta de superficies para atender nuevos entierros. Conseguir una tumba por cinco años obliga a prever el destino posterior de los restos.
