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Por Eduardo López Betancourt
Conocí a Alejandro Gertz Manero en 1965, al iniciarse el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Ambos trabajábamos en la Secretaría de Educación Pública, aunque en ámbitos distintos; yo era subdirector de Escuelas Secundarias en toda nuestra nación; él se encargaba de cuidar los murales de la institución. Desde entonces lo llamaban “La Güera”, por su cabello rubio, sobrenombre que le agradaba. Su padre tenía amistad con el secretario Agustín Yáñez, relación que, a mi juicio, explica su llegada improvisada al rubro de la docencia y el arte.
Formé parte de un equipo de gran esfuerzo, integrado por profesores admirables como Ramón G. Bonfil, Raúl Pous Ortiz, Mario Aguilera Dorantes, Alfredo Pellón Riverol y Juan Manuel González Camarena. Gertz, al ser abogado y no maestro, permanecía al margen de aquel grupo, donde la pedagogía era esencial. Posteriormente asumí otras responsabilidades relevantes, surgió, desde mi perspectiva, una envidia desmedida, pese a que nunca tuve enfrentamientos personales con él.
Cuando Cuauhtémoc Cárdenas lo nombró secretario de Seguridad Pública, advertí al ingeniero que cometía un grave error, le precisé que Gertz carecía de experiencia en seguridad, era pasional y vengativo.
Durante su gestión como secretario de Seguridad Pública Federal, con Vicente Fox Quesada, publiqué varios artículos sobre presuntas irregularidades suyas, con información que, según recuerdo, me proporcionó el doctor Leonel Godoy, quien después gobernó Michoacán.
Gertz ha utilizado su autoridad e influencia para perseguirme, inclusive para desprestigiarme utiliza libelos difamatorios. Por escribir contra él en un periódico me acusó de difamación y ulteriormente por lesiones; mi sentencia, en el primer caso tres años de cárcel y en el segundo seis. He manifestado públicamente que ha usado el poder ministerial para intimidar adversarios; en su momento lo denuncié por presunto enriquecimiento ilícito y promoví demandas por daño moral.
No pienso doblegarme ante presiones ni amenazas; mi valor, convicción y claridad permanecerán inalterables. Quienes hayan perjudicado al país, desprestigiado la justicia o antepuesto sus rencores al interés general, deben ser investigados y, si corresponde, juzgados y sancionados conforme a la ley.
