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Por Miguel García Conejo
@kurt2767
La imagen de Francia incendiada, en protestas y con grito de cambio es solo la advertencia de aquellos políticos y gobiernos que piensan que tienen el control de sus cargos y no en el respaldo de sus pueblos. El escenario volvió a exhibir el descontento de jóvenes y trabajadores que exigen mejores salarios, educación accesible y servicios públicos ante el encarecimiento de la vida. Las protestas, marcadas por enfrentamientos y actos violentos, reflejan una crisis que trasciende fronteras: trabajar ya no garantiza bienestar.
En Estados Unidos, el costo de la vivienda y los gastos cotidianos presionan a las familias; en Argentina, la escalada de precios ha erosionado el poder adquisitivo. El denominador común es una población obligada a ajustar sus necesidades mientras lucha por conservar su calidad de vida. El contraste está en las decisiones públicas.
Brasil avanzó hacia una jornada laboral de 40 horas semanales y México aprobó una reducción gradual de 48 a 40 horas, con aplicación entre 2027 y 2030. Son medidas que deberán evaluarse por sus efectos reales en los ingresos, el empleo y el bienestar. La diferencia entre gobiernos progresistas y administraciones de derecha no debe medirse por sus etiquetas, sino por sus resultados. Sin embargo, cuando se privilegia el ajuste económico sin proteger a quienes menos tienen, el costo termina trasladándose a los hogares.
La violencia no justifica los disturbios, pero tampoco borra las causas del descontento. Ningún gobierno puede presumir estabilidad mientras sus ciudadanos pierden capacidad de compra y oportunidades. Gobernar no consiste en exigir sacrificios permanentes a la población, sino en garantizar condiciones dignas para vivir.
