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Por Ana E. Rosete
Gabriel Quadri convirtió la identidad de las mujeres trans en un campo de batalla político y terminó exhibiendo algo más preocupante que una diferencia ideológica: los prejuicios también pueden ocupar una curul y disfrazarse de discurso público. Cuando un representante popular utiliza su voz para cuestionar la dignidad de una población históricamente discriminada, el problema deja de ser una simple opinión y se convierte en una discusión sobre derechos humanos, responsabilidad política y los límites de la intolerancia.
No es una exageración ni una ocurrencia de sus adversarios. En 2022, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación examinó las publicaciones del entonces diputado contra Salma Luévano y determinó que existió violencia política contra las mujeres por razón de género. El órgano jurisdiccional identificó lenguaje discriminatorio y una intención de invisibilizar a las mujeres trans y restringir sus derechos político-electorales.
El dato importa porque desmonta el disfraz de la supuesta libertad absoluta para decir cualquier cosa. La libertad de expresión es indispensable en una democracia, pero no convierte los prejuicios en argumentos ni concede permiso para humillar, negar identidades o cuestionar la dignidad de otras personas.
Quadri ha pretendido colocar la discusión sobre las personas trans en el terreno de la confrontación ideológica. El problema es que, cuando un político utiliza su tribuna para estigmatizar a una población históricamente discriminada, deja de discutir derechos y comienza a alimentar prejuicios. Y cuando la persona señalada ocupa un cargo de representación popular, el agravio también alcanza su derecho a ejercerlo sin violencia.
¿De qué sirve presumir conocimiento, preparación o experiencia pública si se utilizan para alimentar una discusión que reduce a las personas a su identidad de género? La inteligencia no inmuniza contra la intolerancia; en ocasiones, únicamente le proporciona argumentos más sofisticados.
La política debería servir para ampliar derechos, resolver problemas y garantizar que nadie sea excluido por ser quien es. Sin embargo, hay quienes prefieren convertir la existencia de otras personas en una batalla cultural permanente, como si reconocer la dignidad ajena significara perder privilegios.
Las mujeres trans no necesitan la aprobación de Quadri para existir, ser reconocidas o ejercer sus derechos. Lo que necesitan es que las instituciones garanticen que esos derechos no dependan del humor, los prejuicios o las convicciones de un legislador.
La pregunta de fondo no es si Quadri puede expresar sus opiniones. Es qué revela de un político que insiste en convertir la identidad de otras personas en motivo de disputa.
Porque la verdadera pobreza de la política no siempre está en la falta de ideas. A veces está en la incapacidad de reconocer la humanidad de quien tenemos enfrente.
