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REDACCIÓN
Grupo Cantón
La disputa por tierras ejidales y límites territoriales entre comunidades de Texcoco y el municipio de Atenco derivó el lunes en el cierre de ambos sentidos de la carretera Texcoco-Lechería, a la altura del puente de La Magdalena.
Integrantes del Comisariado Ejidal y de la Comisión de Límites Territoriales de La Magdalena Panoaya y San Vicente Riva Palacio recurrieron a esta medida para exigir una respuesta de las autoridades. Los manifestantes atravesaron automóviles, autobuses y tractores sobre la vialidad, lo que interrumpió la circulación y generó retrasos para cientos de personas. Ante la falta de paso, pasajeros descendieron de las unidades y caminaron para llegar a sus centros laborales, escuelas y otros destinos, sin tener certeza sobre la reapertura de la carretera.
Los representantes comunitarios solicitaron una consulta que permita atender las diferencias territoriales y garantizar que las decisiones sobre los terrenos involucrados consideren la opinión de los habitantes. Sostienen que las tierras representan el patrimonio de sus pueblos y rechazan cualquier determinación que, a su juicio, desconozca sus derechos ejidales.
El cierre también afectó las actividades comerciales de la zona y obligó a los conductores a buscar caminos alternos. Para las familias que utilizan diariamente esta ruta, la interrupción representó gastos adicionales y dificultades para cumplir con sus actividades, particularmente entre quienes dependen del transporte colectivo.
Los pobladores señalaron que la falta de una solución mantiene la incertidumbre sobre la propiedad y los límites de los terrenos. Advirtieron que esta situación puede repercutir en las labores agrícolas y en la posibilidad de acceder a programas de apoyo, por lo que pidieron la intervención de las autoridades municipales y estatales.
Los inconformes insistieron en que necesitan respuestas formales y un procedimiento que permita resolver el diferendo sin prolongar la afectación a las comunidades.
Aunque el bloqueo busca presionar para obtener atención institucional, también perjudica a personas ajenas a la controversia. Por ello, los habitantes y usuarios de la carretera requieren que las autoridades convoquen al diálogo, esclarezcan la situación jurídica de los predios y establezcan acuerdos que protejan los derechos comunitarios sin mantener indefinidamente interrumpida la movilidad regional.
