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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El alcalde priísta de Coacalco, David Sánchez Isidoro, aprovechó las protestas de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para cuestionar la estrategia nacional de salud y pedir una revisión de sus resultados. Su posicionamiento ocurre mientras su administración enfrenta el reto de responder a las necesidades locales y demostrar que las obras anunciadas se traducen en mejores servicios para la población, sacando “raja política” del conflicto laboral.
“Si fuera solo el caso de Coacalco, entenderíamos que es un caso aislado, pero cuando se ve en varios lugares, no solo del Estado de México, sino del país, quiere decir que algo está fallando en la estrategia de salud a nivel nacional”, declaró el edil. Sin embargo, no presentó en ese pronunciamiento una evaluación detallada que permitiera dimensionar las deficiencias señaladas ni planteó medidas concretas para atenderlas o como pasa en su localidad que pase para apoyar la estrategia de salud.
Sánchez Isidoro reconoció que la falta de materiales para atender emergencias genera frustración entre médicos y enfermeras. No obstante, su crítica al Gobierno federal también le permite colocarse en el debate público sobre una problemática que afecta a miles de familias, sin que ello resuelva por sí mismo las carencias que enfrenta la población de Coacalco. Su declaración ha sido severamente cuestionada pues en sus trienios las obras de salud municipales han sido nulas demostrando el poco interés en atender este flagelo.
El señalamiento adquiere relevancia política porque el alcalde no acompañó sus declaraciones con indicadores públicos que acrediten el desempeño de los servicios locales ni con una evaluación independiente de su aceptación ciudadana. En un escenario de cuestionamientos a los gobiernos municipales, asumir una postura crítica frente a la Federación puede convertirse en una herramienta de posicionamiento, aunque no demuestra por sí sola que esa sea su intención.
Mientras el alcalde cuestiona la política sanitaria nacional, las familias requieren respuestas verificables sobre la cobertura y la calidad de los servicios disponibles en su municipio. La discusión no debería limitarse a confrontaciones partidistas: tanto las autoridades federales como las locales deben transparentar presupuestos, avances y resultados. De lo contrario, las necesidades de los pacientes y las exigencias del personal sanitario corren el riesgo de quedar subordinadas a la disputa política.
