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REDACCIÓN
Grupo Cantón
Las deficiencias en materia de seguridad, infraestructura y condiciones de internamiento mantienen bajo cuestionamiento al sistema penitenciario del Estado de México. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), diez de los 21 centros carcelarios evaluados en la entidad obtuvieron calificaciones inferiores a seis, resultado que evidencia las dificultades de las autoridades para garantizar espacios adecuados y condiciones favorables para la reinserción social.

El informe coloca al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Cuautitlán como el peor evaluado del territorio mexiquense, con una puntuación de 4.62. Enseguida aparecen los establecimientos de Zumpango y Jilotepec, con 4.93 y 4.95, respectivamente. También reprobaron Ixtlahuaca, El Oro, Lerma, Santiaguito, en Almoloya de Juárez, Neza-Bordo y Juan Fernández Albarrán, conocido como Barrientos, ubicado en Tlalnepantla. Aunque once instalaciones superaron el mínimo aprobatorio, sus resultados tampoco permiten considerar resuelta la problemática.
Las notas de este grupo oscilaron entre 6.35 y 7.24, mientras que la media estatal se situó en 6.0. El balance muestra que las deficiencias no se limitan a unos cuantos establecimientos, sino que alcanzan una proporción considerable de la red penitenciaria supervisada. Uno de los principales señalamientos corresponde a la falta de elementos encargados de la vigilancia y custodia. La CNDH identificó esta carencia en los 21 centros inspeccionados, situación que compromete la capacidad institucional para mantener el orden, prevenir agresiones y proteger a las personas privadas de la libertad.
La ausencia de personal suficiente también dificulta la supervisión cotidiana de las actividades y el cumplimiento de los protocolos de seguridad. A este problema se suma la presión sobre la capacidad instalada. El organismo encontró sobrepoblación en 17 establecimientos y hacinamiento en 15, condiciones que pueden afectar la disponibilidad de espacios, los servicios básicos y la atención individualizada. Estos factores representan obstáculos para garantizar una estancia digna y desarrollar programas efectivos de educación, capacitación y trabajo orientados a la reinserción.
El diagnóstico también identificó prácticas de autogobierno y cogobierno en los centros de Ecatepec, conocido como Chiconautla, y Zumpango.
