33 lecturas
Por Salvador Guerrero Chiprés
@guerrerochipres
La pretensión de algunas personas por transformar una sanción administrativa en un campo de batalla urbano, evidenciada en las agresiones contra dos policías durante un operativo en Madero y Motolinía, resulta absolutamente inadmisible.
Este episodio, registrado el miércoles en el Centro Histórico en un dispositivo para retirar motocicletas estacionadas de forma indebida, traspasa la frontera de la infracción vial para adentrarse en el terreno del delito.
Al arremeter a golpes contra los policías encargados de aplicar la normatividad —quienes terminaron hospitalizados— y un guardia de seguridad privada se atenta contra el principio elemental de autoridad.
La respuesta institucional fue precisa y oportuna. La captura de siete individuos involucrados en el ataque subraya la vigencia de los mecanismos de control del orden público, reforzado con un mensaje inequívoco desde la jefatura de Gobierno, encabezada por Clara Brugada: la ilegalidad jamás encontrará amparo en la impunidad.
Tolerar la agresión hacia los cuerpos policiales significaría claudicar ante el caos, permitiendo la imposición del capricho individual por encima del bienestar colectivo.
Limpiar las calles de infractores no implica criminalizar a los usuarios de motocicletas, un sector vital en la economía de la ciudad. El foco radica en la legalidad del proceder cotidiano, donde ninguna inconformidad, por legítima en la percepción del afectado, faculta a vulnerar el derecho ajeno ni enfrentar violentamente a la policía.
Este acontecimiento muestra la necesidad de robustecer la cultura cívica, acatar el ordenamiento jurídico, así como canalizar las inconformidades a través de las ventanillas institucionales pertinentes.
Habitar la metrópoli compromete a todos y todos a respetar un código común, entendiendo la paz social como fruto de una legalidad observada sin excepciones ni privilegios de grupo.
