19 lecturas
Por Juan R. Hernández
La desmemoria de Ana Villagrán pesa más que sus cargos. En 2022 impulsaba un semáforo contra agresiones a periodistas y denunciaba la descalificación como violencia.
Hoy, como directora de la Agencia de Atención Animal (AGATAN), acusa a comunicadores de “engañar” a una veterinaria y grabarla sin autorización, en defensa del Hospital Veterinario señalado por carencias. El contraste exhibe cómo desde el poder se confunde crítica con ataque, debilitando la libertad de prensa que antes decía proteger.
En paralelo, los movimientos políticos rumbo a 2027 ya se sienten en Chihuahua. La gobernadora Maru Campos suena en círculos panistas como aspirante a una diputación plurinominal, lo que le aseguraría un asiento en San Lázaro. El cierre de su administración quedará bajo lupa: contratos, adjudicaciones y gasto público serán revisados con rigor, pues cualquier irregularidad podría empañar su salto político.
En otro frente, la diputada Xóchitl Bravo celebró su cumpleaños entre felicitaciones, mientras el legislador del PVEM, Manuel Talayero, presentó una iniciativa para regular y apoyar albergues, refugios y rescatistas independientes. El diagnóstico es claro: entre febrero y abril se documentó que muchos trabajan con recursos mínimos y sin respaldo institucional. Cuando llegan más animales de los que pueden atender, surgen hacinamiento y riesgos sanitarios.
La propuesta busca crear un registro en las 16 alcaldías, supervisar y capacitar, pero también acompañar. Porque exigir condiciones dignas sin proporcionar herramientas termina castigando a quienes realizan una labor que las propias autoridades no alcanzan a cubrir.
La política se mueve entre contradicciones: Villagrán que olvida su defensa de la prensa, Campos que prepara su futuro legislativo y Talayero que intenta dar voz a los rescatistas. En todos los casos, la exigencia es la misma: responsabilidad frente al poder y transparencia frente a la sociedad.
