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Por Eduardo López Betancourt
Mi vida jurídica se ha desarrollado esencialmente en dos ámbitos: el académico y el profesional. El primero lo mantendré hasta el final de mi existencia; el segundo ha disminuido por razones de edad y enfermedades varias. Debo recalcar, en más de sesenta años de ejercicio y estudio del derecho, nunca, bajo protesta de decir verdad, observé un caso de impunidad tan grave como el que, a mi juicio, representa Alejandro Gertz Manero.
En su paso por la Fiscalía General de la República, fue señalado por utilizar dicha institución para perseguir ciudadanos que consideraba enemigos, llegando incluso a convertir investigaciones y carpetas en instrumentos de presión contra servidores públicos y personajes de distintos niveles.
También existen señalamientos sobre asuntos donde individuos inocentes habrían sido sometidos a procesos legales injustificados, entre ellos destaca el de una mujer, familiar político de Gertz, cuya permanencia en prisión fue atribuida a una vendetta personal. En lo que a mí respecta, durante más de 26 años sufrí lo que considero una persecución, derivada de artículos periodísticos, donde denuncié hechos relacionados con Gertz, información que en su momento me proporcionó Leonel Godoy, quien fue jefe de la policía capitalina.
Ahora surge otra cuestión que, por su trascendencia, exige explicaciones; la riqueza que Gertz ha reconocido poseer, incluyendo cuentas en el extranjero, automóviles, joyas y obras de arte; sin embargo, acorde a sus propias declaraciones públicas, no se conocen con precisión los montos ni, esencialmente, el origen de esa fortuna. El problema no es la opulencia en sí, sino la necesidad de definir si hay correspondencia entre esos bienes y los ingresos legítimos que ha obtenido por décadas como funcionario gubernamental. Se ha hablado de una herencia, pero ésta, según se ha informado, se habría limitado a dos inmuebles, una parte mínima frente al caudal que él mismo se atribuye.
Atañe a las autoridades competentes indagar, con rigor y sin privilegios, la procedencia y legalidad de ese patrimonio. Si no hay nada que ocultar, una averiguación seria tendría que esclarecerlo; si existen irregularidades, deberán determinarse las responsabilidades correspondientes.
