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REDACCIÓN
Grupo Cantón
Familiares de personas privadas de la libertad y exinternos mantienen sus denuncias de cobros para conseguir un espacio donde dormir en el penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla de Baz.
Según sus testimonios, quienes acaban de ingresar pueden pasar hasta un mes en pasillos o junto a los baños, mientras sus parientes reúnen dinero para trasladarlos a un dormitorio.
El cambio de área cuesta entre 12 mil y 20 mil pesos, afirmaron los entrevistados. Una vez dentro, conservar una plancha de concreto, llamada “cantón” por los reclusos, implica una cuota de hasta 800 pesos semanales. Una familiar aseguró que paga esa cantidad para evitar que su pariente permanezca en los corredores y sea enviado a labores en las que, dijo, recibe maltratos. Las denuncias incluyen cargos por salir al patio, hacer llamadas telefónicas e introducir comida.

De acuerdo con los relatos, algunas de esas actividades cuestan 20 pesos por ocasión. Los entrevistados también señalaron la presencia de chinches, alimentos en mal estado y dificultades para recibir consulta o medicamentos. Un exrecluso sostuvo que quejarse puede provocar represalias, incluido el aislamiento. Estas afirmaciones requieren una investigación que determine quién recibe el dinero y cómo se asignan los espacios. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos sí documentó problemas de sobrepoblación, hacinamiento, condiciones materiales y atención médica tras visitar el Centro Penitenciario “Juan Fernández Albarrán” en junio de 2025.
Su informe, emitido en enero de 2026, advirtió además riesgos para la seguridad y la integridad de la población interna. Los testimonios describen una estancia desigual: quienes reciben apoyo económico pueden pagar por un sitio para descansar o por artículos básicos; quienes carecen de él permanecen más expuestos a las carencias denunciadas. Corresponde a las autoridades penitenciarias esclarecer los cobros señalados, garantizar condiciones dignas y explicar las medidas adoptadas frente a los hallazgos de la CNDH.
