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Por Eduardo López Betancourt
La designación del Fiscal General de la República, es una de las decisiones más trascendentes para la vida pública de México; de ella depende, en gran medida, la credibilidad del Estado en materia de procuración de justicia. Por ello, debe distinguirse entre lo que la ley exige y lo que el país realmente precisa.
I. Lo formal: el Artículo 102 Constitucional.
El Artículo 102, Apartado A, establece requisitos básicos: ser mexicano por nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos; tener al menos 35 años; contar con título de Derecho y diez años de antigüedad; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.
Cumplir estos requerimientos, sin embargo, no garantiza poseer el perfil profesional que reclama tan ingente responsabilidad.
II. Lo de fondo: el perfil que México necesita.
La Fiscalía General de la República no debe entenderse como una posición política, sino como una institución fundamental para la investigación y persecución de los delitos. Por ende, quien la encabece debe reunir alta especialización penal, consolidada formación académica, experiencia en litigio y procuración de justicia, así como conocimiento en delincuencia organizada, juicios orales, amparo y criminología. Sobre todo, ostentar una tangible autonomía frente a intereses partidistas. Desde esta perspectiva, es legítimo cuestionar, si quienes actualmente ocupan Fiscalías, tanto en el ámbito federal como local, poseen efectivamente esa trayectoria judicial y ministerial, esencial para el cargo. Con frecuencia, las carreras políticas han terminado por pesar más que el tiempo laborado en renglón de la procuración de justicia.
México no tiene que conformarse con el mínimo constitucional. Las fiscalías requieren juristas preparados y honestos, para enfrentar la complejidad de la criminalidad contemporánea. También resulta controvertible recurrir de manera sistemática a perfiles militares para responsabilidades sustancialmente civiles y jurídicas. La procuración de justicia demanda conocimientos específicos, que no se sustituyen con adiestramiento castrense.
México precisa de fiscales talentosos, íntegros y técnicamente sólidos; profesionales capaces de ejercer el poder que les confiere la ley con independencia, compromiso y pleno respeto al Estado de Derecho.
