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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Toluca, el viernes pasado, exhibió los criterios aplicados por la Junta de Caminos del Estado de México, para atender la red carretera estatal. La dependencia desplegó personal y maquinaria en las vialidades que serían utilizadas por la comitiva oficial, pese a que habitantes de distintos municipios llevan meses solicitando intervenciones similares.
Los trabajos evidenciaron la capacidad institucional para movilizar cuadrillas cuando existe un acto de relevancia política. Sin embargo, esa misma respuesta no se observa en rutas utilizadas diariamente por familias, transportistas, comerciantes y estudiantes.
En Villa del Carbón, San Bartolo Morelos y otras localidades del norte y sur mexiquense, los usuarios reportan hoyos, desniveles y tramos sin conservación. Las afectaciones han provocado averías en neumáticos, rines, suspensiones y sistemas de dirección, además de elevar los tiempos de traslado y el riesgo de accidentes.
La Junta de Caminos ha señalado en diferentes ocasiones limitaciones presupuestales para responder a todas las necesidades. No obstante, el operativo realizado por la presencia presidencial obliga a transparentar cuánto dinero fue utilizado, qué trayectos recibieron mantenimiento y por qué esas zonas fueron colocadas por encima de otras solicitudes ciudadanas. La crítica se concentra en la aplicación discrecional de los recursos.
El problema no radica en mejorar los accesos de la capital, sino en que la atención dependa de la agenda gubernamental y no de diagnósticos técnicos, niveles de riesgo o volumen de usuarios. Joel González Toral, director general de la dependencia, deberá informar cuál es el programa vigente de conservación, cuántos kilómetros serán intervenidos y qué criterios determinan el orden de las obras.
También corresponde aclarar si las labores efectuadas serán permanentes o únicamente reparaciones superficiales. Vecinos y conductores señalaron que los baches han causado ponchaduras, daños en rines y averías en la suspensión de sus vehículos. Criticaron que las cuadrillas aparecieran antes del recorrido presidencial, mientras sus reportes permanecen sin atención. Exigieron un calendario público de reparaciones y criterios iguales para todas las comunidades, sin depender de actos políticos.
