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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La muerte de un adolescente que conducía un autobús de Flecha de Oro abrió cuestionamientos sobre la contratación de menores, las condiciones laborales de los operadores y la vigilancia ejercida por las autoridades sobre las empresas del transporte público en el Estado de México. Eduardo, de 17 años, falleció esta semana después de permanecer dos días internado debido a las heridas que sufrió durante el percance registrado la mañana del domingo 13 de septiembre, en el cruce de avenida Solidaridad Las Torres y Wenceslao Labra, en la colonia Nueva Santa María de las Rosas.
El impacto ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando el vehículo se estrelló contra una estructura. El conductor quedó prensado en la cabina y tuvo que ser liberado con equipo hidráulico por elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes trabajaron junto con paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México. Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde permaneció en estado crítico hasta que se confirmó su deceso. Al menos cinco usuarios también resultaron lesionados.
Testimonios recabados después del siniestro indican que el camión circulaba a velocidad excesiva y presuntamente competía con otra unidad para ganar pasaje, práctica denunciada de manera constante por quienes utilizan este servicio. Más allá de las causas inmediatas, el caso evidencia una omisión grave: un joven de 17 años estaba al frente de un vehículo destinado al traslado de pasajeros.
Corresponde a la Secretaría de Movilidad determinar quién permitió que realizara esa función, bajo qué condiciones fue incorporado y si contaba con licencia, capacitación, prestaciones y supervisión. Habitantes de la zona también denunciaron la ausencia de vigilancia vial, reductores y acciones para contener las carreras entre transportistas.
Advirtieron que quienes viajan diariamente quedan expuestos a operadores presionados por cumplir tiempos, disputar usuarios o entregar cuotas, sin que las compañías garanticen condiciones seguras.
La investigación no debe limitarse a responsabilizar al adolescente fallecido. La empresa tendrá que explicar por qué una persona menor de edad conducía uno de sus autobuses, mientras las autoridades deberán aclarar si existieron inspecciones previas y qué medidas aplicarán para impedir que una irregularidad semejante vuelva a poner en peligro a pasajeros y trabajadores.
