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Juan R. Hernández
Ciudad de México.— Nueve años después del sismo de 2017, 20 familias continúan fuera de sus hogares, 10 departamentos permanecen ocupados y más de 300 familias de inmuebles colindantes estarían expuestas ante una eventual falla estructural en Patricio Sanz 529, colonia Del Valle.
Damnificados denunciaron que un grupo de propietarios se opone a la desocupación temporal porque, según señalaron, algunos departamentos continúan explotándose mediante Airbnb.
En entrevista con Diario BASTA!, los afectados aseguraron que la negativa de los ocupantes mantiene frenada la rehabilitación del edificio de 10 niveles y 30 departamentos, pese a los dictámenes sobre daños estructurales y a que la mayoría de condóminos aprobó salir temporalmente para permitir los trabajos.
Los denunciantes sostienen que el conflicto se agravó desde 2024, cuando personas que posteriormente adquirieron departamentos comenzaron a ofrecer la compra de propiedades a vecinos originales.
Aseguran que algunos aceptaron vender ante la desesperación provocada por años de incertidumbre sobre el futuro del inmueble.
Según su versión, estos nuevos propietarios conforman parte del grupo que actualmente rechaza abandonar el edificio y ha promovido acciones legales que han detenido los trabajos. Los damnificados señalan que detrás de esa resistencia existiría un interés por mantener la renta de departamentos, incluso mediante plataformas de alojamiento temporal.
“¿Quién protege los derechos de las 20 familias que sí desocupamos?”, cuestionaron.
El inmueble resultó afectado por el terremoto del 19 de septiembre de 2017. En 2019, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones detectó daños en columnas e irregularidades estructurales. En 2024 comenzaron obras dentro del Programa de Reconstrucción, pero fueron suspendidas por un amparo.
Los trabajos reiniciaron el 28 de febrero de 2026, pero otro recurso judicial volvió a paralizarlos el 24 de marzo. Un reporte técnico del 28 de mayo advirtió deterioro progresivo de columnas y trabes, mientras los afectados aseguran que Protección Civil clasificó posteriormente el inmueble como de riesgo alto.
Las familias demandan la intervención inmediata del Gobierno de la Ciudad de México, INVI, Comisión para la Reconstrucción, Protección Civil y Alcaldía Benito Juárez para lograr la desocupación temporal y continuar el reforzamiento.
“No queremos que se actúe después de una tragedia”, advirtieron.
Su reclamo es que el interés económico de unos cuantos no coloque en riesgo a toda una comunidad.
