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Diana Sánchez Barrios
La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el autoconsumo de cannabis representa un nuevo capítulo de la lucha contra los estigmas y el prohibicionismo que caracterizan los esfuerzos por la transformación del régimen jurídico de esa planta en México. Al reconocer que la preparación de cannabis en alimentos destinados exclusivamente al consumo personal puede formar parte del consumo autorizado, la SCJN vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta fundamental para los derechos humanos: ¿hasta dónde puede llegar el Estado para limitar las decisiones de las personas sobre su propia salud?
La discusión pública se ha concentrado en los llamados “brownies” y “gomitas”, pero el asunto es mucho más profundo. No estamos solamente ante una cuestión relacionada con alimentos o consumo recreativo. Estamos frente a un cambio de paradigma que obliga a discutir el cannabis desde la perspectiva de la salud pública, la dignidad de la persona, los derechos humanos y el bienestar social.
En el caso del cannabis terapéutico, esta discusión adquiere todavía mayor relevancia. Una persona que vive con dolor crónico, con determinadas enfermedades neurológicas, con los efectos permanentes de algunos tratamientos médicos o que se encuentra en cuidados paliativos no debería enfrentar prejuicios, obstáculos burocráticos o recurrir a mercados clandestinos para buscar una alternativa que pudiera contribuir a mejorar su calidad de vida. Esto no significa presentar al cannabis como una medicina milagrosa. Una política responsable debe rechazar tanto la estigmatización absoluta como la idealización acrítica.
El cannabis terapéutico debe sustentarse en evidencia científica, indicación médica, consentimiento informado, control sanitario, investigación y farmacovigilancia. El principio debe ser sencillo: donde exista evidencia científica de utilidad terapéutica, debe existir también un marco jurídico que permita un acceso seguro, regulado y equitativo. Sin embargo, aquí aparece una dimensión de justicia social. De poco sirve reconocer formalmente una alternativa terapéutica si únicamente pueden acceder a ella quienes tienen recursos para pagar consultas privadas, medicamentos especializados o productos importados. El derecho a la salud no puede convertirse en un privilegio económico.
Por ello, el debate sobre cannabis terapéutico debe incorporar también a las personas adultas mayores, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas, personas en cuidados paliativos y familias que enfrentan tratamientos prolongados y costosos. La decisión de la Suprema Corte muestra también una realidad política que nos debe motivar: la jurisprudencia ha avanzado en determinados aspectos más rápidamente que la legislación. Corresponde ahora al Poder Legislativo construir un marco jurídico integral, coherente y respetuoso de las competencias federales y locales.
En la Ciudad de México debemos impulsar una política pública que coloque en el centro a las personas y no al prejuicio. Esto implica promover información científica, capacitación de profesionales de la salud, investigación, orientación a pacientes y mecanismos que reduzcan las desigualdades de acceso. La cuestión de fondo es la dignidad humana. Una sociedad democrática no debe preguntarse únicamente cómo prohibir, sino también cómo proteger a las personas cuando enfrentan enfermedades y sufrimientos.
