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VALOR CIVIL
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
Con la desaparición del Consejo de la Judicatura nos vendieron un cambio histórico: orden, fin de la corrupción y un órgano implacable contra los abusos del Poder Judicial. Nació con bombo y platillo el Tribunal de Disciplina Judicial.
En el papel suena contundente. En la realidad, no sirve para nada.
Debía sancionar a juzgadores que venden sentencias, retardan justicia, protegen intereses inconfesables y ejercen con prepotencia y nepotismo. Debía ser el freno a jueces y magistrados que se sienten intocables.
Es todo lo contrario. Una rémora, un elefante burocrático costoso e inútil que solo aumentó el gasto sin un resultado tangible.
Su mecanismo es perverso por simple: desecha sistemáticamente las quejas. El ciudadano o el abogado que denuncia enfrenta un laberinto de formalismos y prevenciones absurdas que terminan siempre en lo mismo: improcedente, infundado, archívese.
Por sistema desechan. Por sistema protegen. Por sistema simulan.
Y lo más indignante: no atienden. Se esconden tras ventanillas cerradas, citas que nunca otorgan, correos sin respuesta y teléfonos que nadie contesta. Cobran como eminencias jurídicas, pero tratan al ciudadano como estorbo. No hay audiencia ni interés por lo que padece el justiciable ante un juez corrupto. Es un tribunal cerrado al pueblo, que solo opera hacia adentro.
Reciben cientos de quejas contra amparos inexplicables, criterios que cambian según el cliente y juzgadores con toda la familia en nómina. Responden con silencio y desechamiento en masa.
¿Para eso se hizo una reforma constitucional? Es el mismo Consejo de la Judicatura, con otro nombre y más presupuesto.
Debe desaparecer. No disciplina, no atiende, no sirve. Es un gasto insultante mientras los mismos jueces señalados siguen firmando sentencias intocables y la justicia sigue siendo privilegio de unos cuantos.
