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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La explosión de material pirotécnico durante la fiesta patronal de Santa María Canchesdá, en Temascalcingo, que dejó un saldo de 10 personas muertas y decenas de lesionadas, abrió también cuestionamientos sobre el cumplimiento de las medidas preventivas y la actuación de las autoridades encargadas de supervisar el evento.
El siniestro ocurrió en un inmueble contiguo a la iglesia de la comunidad, donde permanecían almacenados los artificios que serían utilizados en la celebración religiosa. La concentración de asistentes y la cercanía del depósito aumentaron el alcance de la emergencia.
El Gobierno del Estado de México informó que se contaba con permisos para el manejo de la pirotecnia; sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a un posible incumplimiento de las normas de Protección Civil vinculadas con las autorizaciones expedidas ante la Secretaría de la Defensa Nacional.La indagatoria deberá determinar bajo qué condiciones fue aprobado el resguardo del material, quién verificó el sitio y cuáles medidas se establecieron para proteger a los habitantes.
También tendrá que aclarar si existía una distancia suficiente respecto del público y si se contó con rutas de evacuación, equipo contra incendios y personal capacitado. El Centro Nacional de Prevención de Desastres recomienda mantener la pólvora fuera de viviendas, templos y espacios concurridos, además de conservar una separación mínima de 50 metros entre los asistentes y los puntos de quema. El almacenamiento debe realizarse en lugares autorizados y alejados de fuentes de calor o sustancias inflamables.
La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula la fabricación, transporte, comercialización, depósito y utilización de estos productos. En el ámbito municipal, Protección Civil tiene facultades para efectuar inspecciones y suspender actividades cuando identifique condiciones peligrosas. Por ello, las pesquisas no deberán limitarse a establecer qué inició la detonación. Las familias afectadas requieren atención médica, psicológica y económica, además de información puntual sobre las averiguaciones.
El esclarecimiento de los hechos será indispensable para evitar impunidad y corregir las deficiencias que permitieron resguardar explosivos junto a un punto de reunión comunitaria. El caso obliga a revisar los protocolos aplicados en otras festividades del Estado de México. La existencia de una autorización no sustituye las verificaciones ni garantiza la seguridad si las condiciones aprobadas dejan de cumplirse.
