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REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) ordenó una auditoría extraordinaria al ayuntamiento de Tenancingo, gobernado todavía por Nancy Nápoles ante los señalamientos sobre un posible quebranto financiero cercano a 40 millones de pesos, relacionado con la investigación por la presunta simulación del secuestro de la alcaldesa.
La determinación fue formalizada mediante un acuerdo publicado en la Gaceta del Gobierno estatal e implicó modificar el Programa Anual de Auditorías 2026. La inspección se enfocará en el cumplimiento financiero y en la documentación utilizada para comprobar el ejercicio de los recursos municipales durante 2025.Esta intervención será adicional al procedimiento de legalidad que ya estaba programado para la administración local.
En consecuencia, la comuna enfrentará dos revisiones sobre el mismo periodo, mientras la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desarrolla las indagatorias penales correspondientes. El caso comenzó después del reporte sobre la supuesta privación de la libertad de la presidenta municipal, ocurrido el 31 de mayo. Según la hipótesis ministerial, se habría exigido dinero procedente de las arcas públicas; sin embargo, el análisis de las cámaras de videovigilancia llevó a los investigadores a considerar que el hecho pudo ser simulado para justificar el faltante.
La Fiscalía atribuye una posible participación a la edil, así como a su esposo y a su cuñado. La mandataria fue vinculada a proceso por un juez, resolución que únicamente permite continuar las pesquisas y no representa una sentencia condenatoria. Su responsabilidad deberá establecerse con base en las pruebas presentadas durante el juicio.
El OSFEM no determinará si existió o no la simulación denunciada, pues esa materia corresponde a las autoridades judiciales. Su función será rastrear movimientos contables, verificar comprobantes y establecer si hubo salidas de capital sin respaldo, omisiones administrativas o daños al patrimonio público.
Si las anomalías son acreditadas, el organismo podrá promover responsabilidades administrativas y resarcitorias contra quienes participaron en el manejo irregular del presupuesto. Sus resultados también podrían aportar información técnica a la carpeta de investigación abierta por el Ministerio Público. El doble escrutinio coloca bajo cuestionamiento los controles internos del gobierno de Tenancingo. Un faltante de esa magnitud no sólo exigiría identificar a los posibles responsables, sino explicar cómo pudieron retirarse o utilizarse fondos municipales sin que los mecanismos de vigilancia detectaran oportunamente las operaciones.
