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ANA E. ROSETE
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La crisis forense en México no cede. Durante el año pasado, un total de 97 mil 920 cadáveres ingresaron a la Fiscalía General de la República y a las unidades estatales de procuración de justicia, de acuerdo con los Censos Nacionales del INEGI.
La tragedia golpea de manera desigual: 80 mil 432 cuerpos correspondieron a hombres, 16 mil 614 a mujeres y 874 casos registraron sexo indeterminado. El Estado de México encabeza la lista nacional con 11 mil 047 ingresos (dos mil 363 mujeres y ocho mil 669 hombres), seguido por Guanajuato con siete mil 245 y Baja California con seis mil 914. En la capital del país se contabilizaron seis mil 815 casos, mientras que en Jalisco se reportaron seis mil dos.
El problema se profundiza al revisar el destino final de las víctimas. Del total de cuerpos identificados que egresaron de los servicios forenses, 90 mil 445 en total, la gran mayoría (83 mil 918) fueron entregados a sus familias. Sin embargo, la saturación y la precariedad institucional provocaron que cientos terminaran en condiciones extremas: 330 almacenados en anfiteatros y 169 inhumados en fosas comunes.
Aun más alarmante es el flanco de los cuerpos no identificados: seis mil 502 cadáveres salieron de las fiscalías sin reclamar ni reconocer. De ellos, tres mil 169 permanecieron arrumbados en anfiteatros y mil 713 terminaron en fosas comunes individuales, evidenciando el colapso forense que impera en el país.
Colectivos de búsqueda han señalado reiteradamente que estas cifras reflejan la incapacidad estructural de las fiscalías para procesar científicamente los restos humanos. La falta de recursos, personal capacitado y tecnología adecuada perpetúa una cadena de omisiones que vulnera el derecho a la verdad y a una despedida digna.
A este panorama se suma el uso recurrente de alternativas de inhumación clandestina o masiva por parte de las propias instituciones del Estado.
